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Y en medio de todo esto… la “DAC 6”

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Desde hace un par de años se venía suscitando una cierta inquietud entre los profesionales del asesoramiento fiscal, en relación con la efectiva trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo, Directiva que comúnmente se ha dado a conocer como la “DAC6”. Pues bien, esta incógnita ha quedado resuelta definitivamente, con la trasposición de esta normativa mediante la aprobación, durante el pasado mes de diciembre del año 2020, de la Ley 10/2020, de 29 de diciembre.

A efectos de su implementación práctica, se han aprobado también el Real Decreto 243/2021 y la Orden HAC/342/2021. La Orden Ministerial ha servido para establecer los tres modelos (Modelo 234, Modelo 235 y Modelo 236), a través de los cuales se remitirá y actualizará esta información sobre estructuras transfronterizas a la Administración.

Con la trasposición de la Directiva se crea una nueva obligación informativa referida a determinas operaciones transfronterizas, siempre y cuando estas operciones puedan ser consideradas como “operaciones de planificación fiscal agresiva”. A este respecto, la Administración incide en el hecho de que la obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica, per se, que dicho mecanismo sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de planificación fiscal que le hacen acreedor de la obligación de declaración.

Las operaciones, esquemas o negocios jurídicos que se ven afectados por esta nueva obligación informativa, son aquellos que tienen incidencia en más de un Estado Miembro o incidencia en un Estado Miembro y otra jurisdicción fiscal. Para que una operación o esquema sea “reportable” ante la Administración, deben darse ciertos indicativos (“Hallmarks”) tales como; la existencia de cláusulas de confidencialidad, la vinculación existente entre los honorarios a percibir por el asesor y el ahorro fiscal que la operación genera en el contribuyente o el aprovechamiento de pérdidas fiscales generadas con anterioridad mediante la adquisición de sociedades inactivas.

Si bien el espíritu de la Directiva es lícito desde el punto de vista de la cooperación fiscal internacional, es decir, se pretende obtener información por parte de la Administración que permita incrementar las actuaciones en la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, así como la disuasión al contribuyente respecto de la implementación de mecanismos de planificación fiscal agresiva en operaciones transfronterizas, lo cierto es que, una vez más, el contribuyente ve incrementadas las obligaciones informativas impuestas por la Administración fiscal española.

En esta ocasión, y a diferencia de otras obligaciones informativas, la responsabilidad no recae de forma exclusiva en el contribuyente, sino que los asesores o intermediarios fiscales también deben mantener un papel activo a la hora de remitir esta información. Esto supone que, de ahora en adelante, cuando se analicen determinados negocios jurídicos que afecten a varias jurisdicciones, los intermediarios fiscales nos encontraremos con el dilema de tener que ponderar nuestra sujeción al secreto profesional, frente a la obligación de colaborar y reportar información a la Autoridad fiscal española, y evitar así hacer frente a un régimen sancionador que desde luego no es nada desdeñable, atendiendo a las cuantías fijadas para el caso de incumplimiento por presentación extemporánea de la información o remisión de datos incompletos o parcialmente omitidos.

Si el primer cuatrimestre de 2021 ha sido complicado con motivo de las distintas vicisitudes asociadas a la pandemia, a partir de ahora, los contribuyentes y los profesionales del mundo de la fiscalidad se enfrentan sin duda a un nuevo desafío con motivo de la trasposición efectiva de la “DAC6” al ordenamiento jurídico español. Se incrementan así -una vez más- las cargas asociadas a la remisión de información que los contribuyentes tiene que soportar en su día a día (SII, declaraciones informativas periódicas…), aumentando también el volumen de trabajo de los asesores e intermediarios fiscales.


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