Vistas telemáticas seis meses después

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¿Os imagináis a Tom Cruise preguntándole a Jack Nicholson a gritos – “¡ORDENÓ USTED UN CÓDIGO ROJO!” en “Algunos Hombres Buenos” a través de una pantalla de ordenador? ¿O a Charles Laughton descubriendo las mentiras del testimonio Marlene Dietrich en “Testigo de Cargo” escudriñando su Surface? No, ¿verdad?.

Eso mismo pensé yo cuando, tras mes y medio de encierro coronavírico, leí por primera vez el artículo 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, hoy derogado por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Esa primera regulación de las vistas telemáticas solo exigía la comparecencia presencial del acusado el caso de los juicios penales por delitos graves. Esto suponía que cualesquiera otros juicios en los que debieran practicarse pruebas de carácter personal tales como interrogatorio de parte, interrogatorio de acusados, pruebas periciales y/o pruebas testificales, se realizarían a través de medios electrónicos y sin la presencia física de la parte, acusado, perito o testigo en cuestión.

Actualmente la materia se encuentra regulada en el artículo 14 de Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que deroga el Real Decreto-ley anteriormente mencionado. Este precepto establece que, hasta el 20 de junio de 2021 (y seguramente será por algún tiempo más), los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

El propio artículo mencionado, con mayor coherencia que lo establecido en la disposición anterior, excepciona en su apartado segundo, ya no solo la presencia del acusado en los juicios penales por delitos graves, sino también en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se interese la prisión provisional del investigado, o en cualesquiera juicios penales en los que se haya solicitado pena de prisión superior a dos años.

A pesar de que, como digo, esta nueva regulación amplía los supuestos de presencialidad, en mi opinión, en esos juicios en los que deben practicarse pruebas personales, especialmente en el orden jurisdiccional penal (con independencia de la pena solicitada), esta regulación de carácter general puede comprometer seriamente el principio constitucional de inmediación que exige el contacto personal del Juez con los sujetos y objeto del proceso durante la celebración del juicio y, por tanto, dejar abierta la posibilidad de que, en algún momento posterior, se pueda invocar por alguna de las partes la nulidad de lo actuado.

No estoy hablando del caso de las audiencias previas u otras vistas procesales, en cualesquiera órdenes jurisdiccionales, en las que sólo proceden alegatos jurídicos de las partes respecto de lo que sea objeto del procedimiento, proposición de prueba o examen documental. En estos casos, tal y como he podido comprobar personalmente, la celebración a través de medios electrónicos no solo se puede llevar perfectamente a cabo con todas las garantías jurídico-procesales, sino que supone una gran ventaja para todos los profesionales implicados en cuanto a seguridad, agilidad, eficiencia y ahorro de tiempo, mucho más allá de la crisis sanitaria concurrente.

Me refiero exclusivamente a aquellos supuestos en los que, para garantizar el principio de contradicción de las partes y la exactitud y fiabilidad de la información que recibe el Juzgador, sea necesario que este perciba con sus propios sentidos y directamente los detalles del entorno o el lenguaje corporal del acusado, parte, testigo o perito, cuando sea necesario exhibir a estos últimos documentación original obrante en autos o, por ejemplo, también en los casos especialmente sensibles en los que no se pueda controlar si las declaraciones de estas personas pueden estar condicionadas o dirigidas por un tercero.

Y lo anterior sin perjuicio de que, por supuesto y si efectivamente se dan todas las circunstancias legales y necesarias para que el acto del juicio pueda celebrarse, deban adoptarse todas las medidas de seguridad que garanticen la salud de los presentes como el uso de mascarillas, geles desinfectantes, inasistencia de público en general, distancia de seguridad y las demás que el Tribunal considere necesarias en cada caso concreto.

En la práctica, por lo menos según lo que yo he podido constatar, ya sea por la falta de medios técnicos que todos conocemos, o porque los Juzgados y Tribunales tienen las mismas cautelas que yo, la mayoría de los juicios en los que han de intervenir personalmente las partes, testigos y peritos siguen celebrándose de forma presencial, por lo que yo creo que podemos estar tranquilos y seguirá pareciéndonos lógico y normal, durante muchos años más, que Atticus Finch se dirija directa y personalmente al Juez, al público presente en la Sala y al Sr. Fiscal al dar su espléndido discurso final en “Matar a un ruiseñor”, y ello a pesar de la paradoja existente en el hecho de que nosotros solo podamos verlo a través de nuestra pantalla de turno.


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