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Como es conocido, el 5 de mayo pasado el Tribunal Constitucional Federal alemán publicó la sentencia que, de hecho, finaliza el procedimiento iniciado tras la decisión del Banco Central Europeo de poner en marcha el 4 de marzo de 2014 un nuevo programa de adquisiciones de bonos garantizados, el llamado “tercer programa”. Éste, junto con los previos, de 2014, pretendía mejorar la eficacia de la política monetaria, facilitando la concesión de créditos a empresas y hogares, con el objetivo de devolver la tasa de inflación a un nivel cercano al 2%.

Una serie de ciudadanos alemanes entendieron que esta decisión excedía las competencias del BCE, y, además, violaban el principio democrático de la Ley Fundamental alemana; lo que calificaban de atentado a la identidad constitucional nacional. Al estar fundamentada la acción de estos ciudadanos en una norma comunitaria, el tribunal alemán que conocía del caso, en este caso el Tribunal Constitucional Federal remitió la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A la espera de la decisión de la justicia europea, el Tribunal alemán suspendió el procedimiento, ya que entendía que la interpretación del derecho europeo correspondía efectuarla al Tribunal de Justicia.

El 11 de diciembre de 2018 el Tribunal europeo dictó sentencia declarando que, del examen de las cuatro primeras cuestiones remitidas por el Tribunal alemán, no se había puesto de manifiesto ninguna circunstancia que pudiera afectar a la validez de la decisión adoptada por el BCE en 2015. Y con respecto de la quinta cuestión, la declaró inadmisible.

La sentencia del Tribunal Federal, en lugar de aceptar la sentencia del tribunal europeo, como han hecho de forma constante los tribunales de los todos Estados miembros de la Unión Europea, incluidas los alemanes, la cuestiona, incluyendo expresiones de dureza insólita en una resolución inicial de máxima instancia.

La resolución ha suscitado una reacción mayoritariamente negativa en los medios políticos, pero también en los medios jurídicos, pues supone una verdadera subversión del orden jurídico constitucional europeo.

El TJUE, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, garantiza el respeto al Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, y, por ello, es el intérprete máximo del Derecho Comunitario, con jerarquía superior a los tribunales nacionales de cualquier rango u orden en esta materia. Por ello, las sentencias prejudiciales tienen efectos vinculantes para el órgano jurisdiccional nacional que plantea la cuestión, que debe atenerse al criterio del Tribunal comunitario y, en su virtud, aplicarlo para cerrar el razonamiento jurídico que permita la resolución final del asunto planteado ante él.

Una vez que el TJUE se ha pronunciado, quien deba aplicar la norma interpretada debe entenderla desde el criterio emitido, que deviene en interpretación con fuerza obligatoria desde que dicha norma entró en vigor (efecto ex tunc). Lo que es la expresión fáctica del principio de primacía del Derecho comunitario sobre el ordenamiento interno de los Estados miembros. Y doctrina constante desde la sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978.

Por ello, la resolución del Tribunal Constitucional alemán, incomprensible e inaceptable desde el punto de vista jurídico, ha provocado una templada, pero firme reacción de rechazo por parte del TJUE. Lo que tiene perfecta justificación, ya que, ciertamente, cuestiona el superior rango jerárquico del Tribunal europeo en materia de interpretación del Derecho de la Unión. Aceptar que un tribunal nacional puede cuestionar, revisar o no aplicar, una sentencia del TJUE, sería la bala de plata para poner fin a la Unión Europea de forma prácticamente instantánea.


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