Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19

Comparte

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. El siguiente día 14 el Gobierno decretó el Estado de alarma en todo el territorio y con ello la suspensión de las actividades laborales en general, excepción hecha de las expresamente excluidas de la correspondiente norma.

Ante esta situación de emergencia, y con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes, el Gobierno de España viene adoptando medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones en el ámbito comunitario e internacional.

De esta forma, junto con el paquete de medidas aprobadas durante las últimas semanas, y con el objetivo de reforzarlas, complementarlas y ampliarlas, con fecha 1 de abril de 2020 se ha publicado el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Medidas que persiguen mantener un mínimo de actividad económica en los sectores más afectados y que atienden, en especial, a las necesidades identificadas en el sector de la cultura.

Este Real Decreto Ley entiende que el ámbito de la cinematografía y el audiovisual, las artes escénicas, las musicales y la creación literaria son colectivos particularmente afectados por la actual situación, ya que, debido a las características propias de su actividad, presentan una alta variabilidad o estacionalidad de empleo, relacionada directamente con espectáculos o producciones concretas.

Así, este nuevo paquete de medidas establece que, en el caso de contratos temporales, y siempre que estos tengan una duración mínima de dos (2) meses, en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo el compromiso de mantenimiento del empleo posterior de seis (6) meses no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Con ello se equipara la situación de los trabajadores de estos sectores a la de los trabajadores que, por las características de su actividad, si son incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo, permitiéndoles acceder a la correspondiente prestación de desempleo, aún sin cumplir la carencia establecida.

Igualmente, estas medidas también afectarán, entre otros, a los trabajadores autónomos de la cultura que, debido al carácter no continuado de sus contratos, verán ampliado el período a tener en cuenta para poder acreditar la reducción de los ingresos.

En este conjunto de ayudas al sector de la cultura, también destacan aquellas dirigidas a las entidades que prestan servicios audiovisuales, especialmente las entidades de radiodifusión que emiten en abierto, que, pese a haber visto aumentada su audiencia por las medidas de confinamiento, están sufriendo una brusca caída de sus ingresos desde el inicio de la crisis, debido principalmente a la cancelación de campañas publicitarias de empresas que han visto suspendida o ralentizada su actividad.

En la necesidad de seguir garantizando la prestación de este servicio, el Real Decreto Ley incluye, con carácter excepcional y transitorio, una compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, con el objetivo de permitir que las empresas que proveen de este servicio puedan gozar de una mayor liquidez.

En el instrumento en que se regule esta compensación de costes, se definirán las actuaciones financiables, los gastos objeto de financiación elegibles, las condiciones y el procedimiento en el que materializar las compensaciones, así como la concreción de los beneficiarios.

Por su parte, en materia de publicidad también se han incorporado medidas orientadas a la restricción de las comunicaciones comerciales que interpelen al consumo de actividades de juego en esta situación de excepcionalidad derivada del COVID-19. De esta manera, se prohíbe a todas las entidades que desarrollen una actividad de juego incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma (i) realicen actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes, (ii) emitan comunicaciones comerciales fuera de la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la mañana, y (iii) realicen comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la información, incluidas comunicaciones en correos electrónicos y redes sociales.


Comparte