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Portazo judicial a Madrid central. ¿Cuánto va a costar?

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El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, conocida como “Madrid Central”. Pero ¿cómo repercute esta decisión del Alto Tribunal en los ciudadanos de la capital? ¿Qué sucederá con las propuestas de sanción que se encuentran en estado de tramitación?  ¿Y con aquellas sanciones que ya han sido abonadas? Lo cierto es que son numerosas las incógnitas que se suscitan tras la reciente resolución y muy escasas las respuestas que se pueden dar a las mismas en este momento.

 Desde que entrara en vigor el proyecto de Madrid Central el 30 de noviembre de 2018, son 1.393.000 las multas que se han puesto a los vehículos que, sin tener la autorización correspondiente, han circulado por las zonas restringidas y, a la fecha, se han recaudado alrededor de 125.000.000 de euros derivados de las mismas.

Pues bien, según las declaraciones de las autoridades municipales, con el auto del Tribunal Supremo, todo apunta a que los procedimientos sancionadores que se encuentran en fase de tramitación quedarán paralizados. Sin embargo, el gran debate jurídico se encuentra enfocado en las multas que ya han sido abonadas.

Así, la nulidad del acuerdo implicaría, conforme a lo dispuesto por nuestra legislación, que dicho acto administrativo no pueda desplegar ningún tipo de efectos ex nunc. Y en consecuencia, parece razonable que los ciudadanos sancionados puedan recurrir esas sanciones y tengan derecho a la devolución íntegra del dinero pagado a la Administración Pública -con sus intereses- con motivo de la infracción en la que incurrieron. Ello supondría, en suma, la devolución de 125.000.000 de euros que -no olvidemos- deberían salir de las arcas públicas, precisamente en un contexto de dura crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

Por tanto, habrá que estar pendiente de la interpretación del alcance de la nulidad que pueda hacerse, tanto en el marco administrativo, como en el contencioso: ¿estaremos ante un acuerdo nulo de pleno derecho o nos encontraremos ante una nulidad parcial y limitada, como ya ocurriera con las viejas conocidas cláusulas suelo? Ni qué decir tiene que nuestra tesis, por considerarla más ajustada a Derecho y abstrayéndonos de factores exógenos a nuestro ordenamiento jurídico, es la que se sintetiza en el adagio latino quod nullum est, nullum producit effectum -cuya traducción es innecesaria por su claridad- y, por tanto, deberían reintegrarse las cantidades indebidamente cobradas por la Administración en su totalidad.

Asimismo, no devolver el dinero pagado por los ciudadanos -o devolverlo parcialmente- podría entrañar una evidente conculcación del principio constitucional de no discriminación pues, con seguridad, ante la comisión de unos mismos hechos, habría unos ciudadanos sancionados y otros que no se verían afectados por ello.

En cualquier caso, para responder a todos estos interrogantes, habrá de estarse a la interpretación judicial última de este auto, que, desde luego y como es previsible, no dejará indiferente a nadie. No obstante, hasta entonces, de lo que podemos estar seguros es de que esta resolución abre la puerta a una importante avalancha de reclamaciones que colapse aún más los Juzgados de Madrid ya de por sí sobrecargados.


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