Ocupación de viviendas: breve análisis del derecho de los propietarios de viviendas ocupadas a una compensación a la vista del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre

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El pasado día 23 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que pretende asegurar las medidas de protección social de las personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda previstas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que establecía determinadas medidas urgentes de ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19.

El nuevo régimen amplía el alcance temporal de las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, durante toda la vigencia del actual estado de alarma declarado por la crisis sanitaria originada por la Covid-19 (esto es, hasta el 9 de mayo de 2021) y, a su vez, amplía el ámbito subjetivo de aplicación de las medidas establecidas, dando cabida y protección a situaciones de ocupación ilegal de viviendas.

De este modo, la medida fundamental que incluye el texto de este nuevo Decreto-ley, es la facultad del ocupante sin título de posesión (ocupa) de instar la suspensión del lanzamiento dentro del procedimiento de desahucio, en tanto no se le proporcione una alternativa habitacional digna por las Administraciones Públicas a través de los servicios sociales competentes, acreditando encontrarse en una situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, situación que no tiene que ser necesariamente consecuencia directa de la Covid-19 (artículo 1 bis).

En este sentido, la nueva medida que acoge la protección de supuestos de ocupación ilegal cuando se trate de situaciones de vulnerabilidad, colisiona con la vocación que emanaba de la reciente Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, de 15 de septiembre, que abordaba el fenómeno de la ocupación y ordenaba a la Fiscalía a intervenir e impulsar su actuación en los procedimientos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles (artículos 202.1 y 245.3  del Código Penal) e instaba a evitar la persistencia en el tiempo de situaciones de ocupación ilícita mediante la adopción de medidas cautelares de desalojo y restitución inmediata, en los procedimientos de ocupación.

De este modo, y para paliar los efectos de la suspensión del lanzamiento a los propietarios de las viviendas ocupadas, la disposición adicional segunda del propio Real Decreto-ley prevé el establecimiento de una serie de compensaciones económicas.

Pese a que el establecimiento de estas compensaciones debe acogerse con optimismo por los propietarios afectados, lo cierto es que se mantienen diversas cuestiones que siguen suponiendo un problema sin respuesta:

  • Si bien se establecen de forma tasada los supuestos de vulnerabilidad a los que les será aplicable la suspensión de lanzamientos, lo cierto es que la valoración de dichas situaciones de vulnerabilidad quedará en manos de los servicios sociales competentes, cuya situación de saturación puede alargar la suspensión durante meses a contar después del 8 de mayo de 2021. A este lapso temporal, habrá que añadir el tiempo de tramitación de la suspensión y del señalamiento del nuevo lanzamiento en los Juzgados, ya de por sí colapsados.
  • La regulación exige al propietario que acredite que la suspensión del lanzamiento le haya ocasionado un perjuicio económico por encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la ocupación del inmueble, esta previsión supone un esfuerzo extra en relación con la carga de la prueba en el procedimiento de desahucio, que en muchos casos será de difícil obtención y aportación.
  • Además, el Real decreto-ley, establece un límite temporal al pago de las compensaciones que abarca desde que se acuerde la suspensión judicialmente hasta que se reanude el procedimiento, periodo que puede resultar muy inferior al que transcurra entre la efectiva ocupación y el lanzamiento, por lo que la mayor parte del tiempo de ocupación ilegal quedaría sin compensación económica.
  • Añadimos que la dotación presupuestaria de dichas compensaciones, quedará en manos de un futuro decreto que el Gobierno se compromete a publicar y que recogerá el procedimiento de tramitación y concesión  de compensaciones por las Comunidades Autónomas.

En definitiva, la norma no favorece la solución a un problema grave y creciente, según los datos estadísticos de los últimos años, que apuntan al crecimiento del fenómeno de la ocupación. Sin duda, ante las cifras, podemos entender que la ocupación sea una cuestión que preocupe a la ciudadanía, no solo por el daño que produce a los legítimos poseedores de las viviendas ocupadas, sino también por los problemas de convivencia que generan en comunidades de vecinos.

La respuesta que se espera de los poderes públicos ante un fenómeno de este calado, pasa necesariamente por soluciones estructurales, como son la creación de un parque de vivienda de alquiler social suficiente y eficiente, la persecución de los grupos criminales y organizaciones que se lucran con la actividad de la ocupación ilegal y el despliegue de un procedimiento judicial efectivo y sumario mediante la creación de una acción específica contra los ocupantes sin título de posesión.

En cualquier caso, estaremos muy pendientes del Decreto-ley que regule los requisitos y procedimiento de concesión de estas compensaciones económicas que sin duda arrojan algo de luz al camino judicial de los propietarios afectados por el creciente fenómeno de la ocupación en nuestro país.


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