hammer, horizontal, court

Nueva vuelta de tuerca al cómputo de los plazos… ¿procesales o sustantivos?

Comparte

La Junta de Gobierno del ICAM emitió el pasado 6 de abril un comunicado manifestando su discrepancia con la interpretación que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza acoge sobre el cómputo de los plazos sustantivos en su Sentencia del pasado 20 de noviembre de 2020.

La referida Sentencia confirma la dictada en primera instancia que, a su vez, desestima una demanda de nulidad de acuerdo de una Junta de propietarios por entender que esta fue presentada fuera de plazo.

En el caso de autos, el acuerdo cuya nulidad se demandaba fue adoptado el 2 de septiembre de 2017, con lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, el plazo para interponer la demanda instando la nulidad de dicho acuerdo era el de un año desde su adopción, no habiendo duda de que este es un plazo de caducidad. Como el 2 de septiembre de 2018 era domingo, día inhábil a efectos procesales, la demandante presentó su demanda el lunes 3 de septiembre de 2018, un año y un día después de la adopción del acuerdo y la Audiencia Provincia de Zaragoza coincide con el Juez “a quo” en la consideración de que dicha presentación fue extemporánea al haber caducado la acción el día anterior.

En esencia, entiende la Sala de apelación que, dado que tras la entrada en vigor de Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y, sobre todo, tras la reforma operada en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, es obligatorio presentar los escritos procesales de forma telemática, y esto puede hacerse todos los días del año durante las 24 horas, el demandante debía haber presentado la demanda, a más tardar, el domingo 2 de septiembre de 2018 a las 23:59, sin que pueda aplicarse el plazo de gracia que prevé el apartado quinto del precitado artículo (hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento)  ya que estamos ante un plazo de carácter sustantivo y no procesal.

Entiende la Sala que puede apartarse de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo con anterioridad a la reforma mencionada porque

Ahora no hay problema material para que el cómputo del plazo sustantivo se realice de forma autónoma respecto al procesal, y ello porque no hay ahora dificultad material en la presentación de escritos en cualquier hora y día, y que esa presentación tenga los efectos que tengan que tener en el orden sustantivo. Sin perjuicio de que la presentación en un momento inhábil, desde una consideración puramente procesal, se tenga por efectuada el primer día y hora hábil siguiente. En definitiva, si la parte lo puede presentar telemáticamente, aunque sea en tiempo procesalmente inhábil, debe así presentarlo si quiere respectar el plazo sustantivo.” (Fundamento Jurídico Tercero).

Por su parte, la Junta de Gobierno del ICAM, reabre ahora el debate y se opone a la postura de la Audiencia Provincial de Zaragoza considerando:

  • Que una demanda es siempre un acto procesal con independencia de que deba presentarse dentro de un plazo sustantivo (de prescripción o caducidad).
  • Que el propio artículo 135.1 de la LEC, en consonancia con lo establecido en el artículo 5 del Código Civil, regulador de los plazos civiles, señala en su último inciso, que “en caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente”, sin que esa disposición haya resultado en absoluto afectada o modificada por la Ley 42/2015.
  • Que, si el sistema de presentación telemática permite la incorporación de escritos y documentos las 24 horas del día, todos los días del año, por esa misma regla de tres, sería de aplicación el apartado quinto del artículo 135 de la LEC que, como hemos dicho, permite la presentación hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento, sin que sea de recibo separar o anudar los plazos sustantivos y procesales según conveniencia interpretativa.
  • Que la interpretación que sostiene la Audiencia Provincia de zaragoza sobre esta cuestión obliga a abogados y procuradores a estar “de guardia” las 24 horas de los 365 días del año, con lo que se conculca su derecho de descanso mínimo (del que son titulares en exactos términos que el personal de la Administración de Justicia).

Por mi parte, coincido con la Junta de Gobierno del ICAM con que esta Sentencia vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a los tribunales, ya que se está vetando a los ciudadanos el derecho a disponer de la totalidad del plazo que reconoce expresamente la ley.

La propia Ley 42/2015 de 5 de octubre, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece en el número I de su Preámbulo que uno de los objetivos esenciales de la aplicación generalizada de los medios telemáticos en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de Justicia es reforzar las garantías procesales, por tanto, su implantación en ningún caso puede suponer un recorte de las mismas.

En mi opinión, el nuevo texto del artículo 135.1 de la LEC es perfectamente compatible con la doctrina del Tribunal Supremo que menciona la Sentencia de apelación controvertida (añadiendo, además, a las citadas por ella, las dictadas por el Alto Tribunal en el mismo sentido el 11 de julio de 2011 y el 25 de marzo de 2015) cuando dice que

“Una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar, como resultado final, un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular del derecho a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley, incluso aunque se arbitraran mecanismos organizativos distintos de acceso a los órganos judiciales […], pues siempre dispondría de la facultad de agotarlo en su integridad, y de esta facultad no puede ser privado por las normas procesales u orgánicas que imposibilitan el pleno ejercicio de la acción ante los órganos judiciales.”

Desconozco si la representación procesal y letrada de la demandante inicial del procedimiento habrá interpuesto recurso de casación frente a la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero, desde luego, confío en que así haya sido porque, desde mi punto de visto, tiene muchos visos de prosperar y, como siempre, el Tribunal Supremo es el que debe iluminarnos en este tipo de controversias.


Comparte