Novedoso criterio del TEAC sobre el aplazamiento de retenciones

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El Tribunal Económico-Administrativo Central (“TEAC”) ha dictado resolución de recurso de alzada para la unificación de criterio de fecha 27 de febrero de 2020 (rec. 3322/2018), en la que establece que los responsables -en este caso, de carácter subsidiario- pueden solicitar el aplazamiento/fraccionamiento de las deudas tributarias detalladas en el alcance del acuerdo por el que se les declara responsables, incluidas aquellas derivadas de retenciones.

Como punto de partida, cabe indicar que, con carácter general, todas las deudas tributarias resultan aplazables/fraccionables, con independencia de que procedan de autoliquidación o de liquidación administrativa, y aunque se encuentren en periodo voluntario o en periodo ejecutivo de ingreso.

El artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) y demás normativa concordante, delimita el alcance de los aplazamientos y fraccionamientos. Así, dicho precepto establece que son inaplazables, entre otras, las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, así como las deudas derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo supuestos excepcionales.

A este respecto, es la propia naturaleza de las retenciones, como cantidades detraídas de los pagos efectuados a terceros, la que determina que la norma asuma que -en principio- no existen problemas de tesorería para su ingreso por el contribuyente y, por tanto, que no quepa la concesión de aplazamiento de tales deudas al retenedor y obligado a practicarlas.

Pues bien, el TEAC ahora matiza dicha limitación y determina que los responsables pueden solicitar el aplazamiento/fraccionamiento de las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos, incluidas aquellas deudas derivadas de retenciones.

El fundamento de dicha resolución reside en la distinción entre el responsable tributario y el retenedor, a pesar de que ambas figuras tienen la condición de obligados tributarios en los términos del artículo 35 LGT. En términos del TEAC, la responsabilidad tributaria opera no solo como una obligación de hacer frente a una deuda ajena, sino también como garantía personal del crédito tributario, “dado que aquí se coloca a un tercero junto al sujeto pasivo para pagar la deuda tributaria, y por una razón distinta a la realización del presupuesto de hecho realizado por dicho sujeto pasivo”.

En definitiva, el responsable no tenía ab initio la obligación de retener e ingresar los rendimientos retenidos, sino que debe asumir, como responsable y con su propio patrimonio, la deuda de un tercero (retenedor). Y precisamente porque la obligación del responsable deriva de la declaración de responsabilidad, no de la obligación de retener, el responsable no puede verse afectado por la limitación del artículo 65.2 LGT, pudiendo solicitar el aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria derivada, aunque se trate de retenciones.

El criterio adoptado por el TEAC goza de gran relevancia por cuanto las limitaciones existentes respecto a los aplazamientos/fraccionamientos de determinadas deudas tributarias lo son por imperativo legal. En atención a la fundamentación del TEAC, entendemos que cabría hacer extensivo dicho criterio respecto a aquellas deudas derivadas al responsable en concepto de tributos repercutidos.

Asimismo, se deberá analizar cada caso particular para comprobar la posible viabilidad de la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento en otros supuestos similares, como las deudas teóricamente inaplazables derivadas de liquidaciones tributarias practicadas por la Administración como consecuencia de la distinta interpretación de la norma. A modo de ejemplo, cabría discutir la posibilidad de solicitar el aplazamiento/fraccionamiento en aquellos casos en los que el contribuyente consideró deducible a efectos de IVA la cuota soportada en un supuesto de inversión del sujeto pasivo, regularizando la Administración su situación tributaria en un procedimiento de comprobación posterior. En este tipo de operaciones no cabría entender que el contribuyente ha dispuesto de una tesorería que debiera haber sido destinada a la Hacienda Pública.


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