Novedades relevantes del Texto Refundido de la Ley Concursal: Primera aproximación, la venta de la unidad productiva

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El 1 de septiembre de 2020 ha entrado en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC o Texto Refundido) que sustituye a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC). El Texto Refundido distribuye su articulado (752 artículos frente a los 242 de la LC) en tres libros, antes inexistentes, en el Libro I (artículos 1 a 582) se incluyen las reglas del concurso de acreedores, en el Libro II (artículos 583 a 720) las relativas al derecho preconcursal y, por último, el Libro III (artículos 721 a 752) incluye las normas de derecho internacional privado que se aplican tanto al concurso de acreedores propiamente dicho como a las instituciones preconcursales.

En este post, así como en posteriores, estudiaremos los cambios más relevantes que se han incorporado al Texto Refundido de la Ley Concursal.

Comenzaremos por la venta de la unidad productiva analizando si las modificaciones de redacción y/o novedades incorporadas van a suponer o no un verdadero incentivo para los adquirentes de las mismas y si se resuelven los problemas existentes en el ámbito laboral y, en concreto, en lo relativo a la sucesión de empresa.

Pues bien, destacamos las siguientes:

  1. Se incorpora una definición del concepto de unidad productiva, entendida como “el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria”.
  1. Se incluye la obligación de identificar los elementos que integran las unidades productivas.
  1. En cuanto a los escenarios para transmitir la unidad productiva:
  • El primero de ellos, en sede concursal, sería durante la denominada fase común. La LC nos permite hacerlo “hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación”. Sin embargo, el Texto Refundido plantea la venta de la unidad productiva hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liquidación, cubriendo el lapso temporal que va desde que se abre la liquidación hasta que se aprueba el plan de liquidación.
  • Un segundo escenario para adquirir, en sede concursal, una unidad productiva sería a través del convenio de asunción. Comparando la LC con el TRLC, el Texto Refundido incluye una delimitación temporal del mantenimiento de la empresa en activo, pues se requiere que en la propia propuesta de convenio se establezca un “plazo mínimo” de compromiso de continuar con la actividad profesional o empresarial del deudor. Sin embargo, deja en el aire lo que debemos entender por “plazo mínimo”.

Además, respecto al alcance del deber de asunción del pasivo se añade “la obligación de pago, total o parcial, de todos o de algunos de los créditos concursales”, por lo que habrá que estar a los términos del propio convenio.

  • Otro escenario sería en fase de liquidación, con la propia solicitud de concurso se presenta el plan de liquidación con propuesta escrita vinculante de compra de la unidad productiva. Esta posibilidad presenta meras modificaciones de redacción, ya que se cambia el término “compra” por el de “adquisición” de la unidad productiva.
  • Un último escenario sería la adquisición de la unidad productiva en sede de liquidación ordinaria a través del plan de liquidación, que se mantiene sin cambios.
  1. Se incorpora una previsión general sobre la existencia de sucesión de empresa cuando tenga lugar la transmisión de unidades productivas de la concursada.
  1. Al regular los efectos que produce la transmisión de una unidad productiva sobre los créditos pendientes de pago, se estipula como regla general que la transmisión no llevará aparejada la obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa. No obstante, se establecen tres excepciones de las que conviene detenerse en la tercera, que impone la subrogación del adquirente de la unidad productiva respecto de las obligaciones laborales y de seguridad social, es decir, el adquirente de una unidad productiva habrá de asumir la deuda laboral y de seguridad social que hubiese contraído el concursado y que se refiere a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado.
  1. Se cierra el debate generado en torno a la determinación del órgano judicial competente para declarar que existe sucesión de empresa en el concurso, pues el Texto Refundido establece que “el juez del concurso será el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa”. De esta forma, en la resolución del juez del concurso quedará perfectamente delimitado el perímetro de la unidad productiva y, con ello, se fijarán las obligaciones laborales y de seguridad sociales que debe de asumir el adquirente.

En definitiva, cabe afirmar que las novedades incorporadas persiguen incentivar las transmisiones de unidades productivas mediante una mayor seguridad jurídica, en beneficio no solo del interés del concurso, sino en aras a potenciar la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor y el mantenimiento de los puestos de trabajo.


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