Novedades laborales ante la crisis del coronavirus incluidas en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo y la Orden SND/307/2020, 30 de marzo

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El pasado 28 y 29 de marzo se publicaron en el BOE (i) el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 y (ii) el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Y el 30 de marzo, se publicó en el BOE la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

En la presente Nota resumimos las principales medidas, de ámbito laboral, contenidas en la citada normativa.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

Publicado en el BOE y en vigor desde el 28 de marzo.Mantendrá su vigencia durante el estado de alarma y sus prórrogas.

Tras la declaración el 14 de marzo del estado de alarma, prorrogado hasta el 12 de abril, se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, donde se recogía la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), tanto por causa de fuerza mayor, como en el supuesto de los derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con el fin de intentar paliar los efectos devastadores que esta crisis sanitaria está produciendo en el mercado laboral.

Por medio del presente Real Decreto- ley, se arbitran nuevas medidas e instrumentos para intentar salvaguardar puestos de trabajo que se están viendo afectados a raíz de la suspensión de un importante volumen de actividades, como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

Mantenimiento de actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores

El real decreto-ley prevé que, durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como servicios esenciales, deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes. No se les permite tramitar ERTEs.

 Medidas extraordinarias para la protección del empleo – el despido no está justificado por causa del Covid-19

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

 ERTEs – Procedimiento para acceder a la prestación de desempleo

Se concreta el mecanismo para que la prestación por desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE.
Será una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, según modelo que ésta proporcione. La solicitud se incluirá en una comunicación que incluirá una información detallada sobre: la empresa, su representante legal, el nº
de expediente asignado por la autoridad laboral, medidas solicitadas y fecha de inicio respecto de cada trabajador.

La comunicación se realizará en el plazo de 5 días desde (i) la solicitud del ERTE por fuerza mayor a la Autoridad Laboral o (ii) la notificación a la Autoridad Laboral de la decisión de la empresa en el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción Para ERTEs iniciados antes del 28 de marzo (fecha de entrada en vigor de este Real Decreto- ley), el plazo de 5 días empezará a computarse desde esa fecha.

La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal. Si el empresario no realiza la comunicación, debiendo hacerlo, cometerá una infracción grave.

 ERTEs – Efecto en los contratos temporales

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad de trabajadores afectados por ERTEs vinculados al Covid-19 –tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción– supondrá la interrupción del cómputo de la duración y de los correspondientes periodos de referencia.

 ERTEs – Duración

La duración máxima de los ERTEs por fuerza mayor, –tanto en los que recaiga resolución expresa de la Autoridad Laboral como los que se resuelvan por silencio administrativo (positivo)– será la del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 ERTEs- Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas

El Real decreto-ley prevé que será sancionable:

o La presentación por la empresa de solicitudes de ERTE que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

o La conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos referidos, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por el trabajador deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

Si la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de
actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de los ERTEs basados en las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción).

 ERTEs- Fecha de efecto de las prestaciones

En los ERTEs por fuerza mayor, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo será la fecha del hecho causante de la misma.

En los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación.

 ERTEs: modificación Real Decreto- ley 8/2020

El presente real decreto-ley modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (en particular, el apartado segundo de su disposición transitoria primera) para establecer que las medidas extraordinarias en materia de
cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad al 18 de marzo (fecha de entrada en vigor del real decreto-ley 8/2020), siempre que deriven directamente del COVID-19.

 Contratación: modificación Real Decreto- ley 7/2020

Finalmente, se introduce una modificación del artículo 16 Real Decreto- ley 7/2020, de 12 de marzo, relativo a la contratación, al objeto de ampliar la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19, previsto en el mismo, a todo el sector público.

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Publicado en el BOE y en vigor desde el 29 de marzo de 2020.

Ámbito subjetivo de aplicación

El presente real decreto-ley se aplicará a todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la
declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

No obstante, lo anterior, no se aplicará a:

o Los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios (i) en los sectores calificados como esenciales en el anexo del real decreto-ley o (ii) en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el citado anexo.

o Los trabajadores contratados por (i) empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión y (ii) empresas a las que les sea autorizado un ERTE de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en el real decreto ley (es decir, entre los días 30 de marzo y 9 de abril, ambos incluidos).

o Los trabajadores que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

o Los trabajadores que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 Permiso retribuido

Los trabajadores a los que aplique el RDL 10/2020 disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

Los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

 Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

De no existir representación legal en la empresa, se acudirá a la negociación con los sindicatos más representativos y representativos del sector o a una comisión ad hoc.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo dispensadas como consecuencia de este permiso obligatorio, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como
el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse un acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará en el plazo de siete días desde la finalización de aquél y tanto a los trabajadores como a sus representantes, la decisión unilateral adoptada
sobre la recuperación de las horas de trabajo en cuestión

En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer o el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal revistos en la ley y en el convenio colectivo, o el establecimiento de un plazo de preaviso inferior a 5 días, o la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación.

Asimismo, en la recuperación de las horas deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

 Actividad mínima indispensable

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

 Adaptación de actividades

El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrán modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable y sus efectos.

 Disposiciones adicionales

Las disposiciones adicionales establecen previsiones específicas para empleados públicos y personal con legislación específica propia, servicios esenciales de la Administración de Justicia y otros colectivos.

Señalar que la disposición adicional cuarta establece que podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por su parte, la disposición adicional quinta indica que el permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

Publicada en el BOE y en vigor desde el 30 de marzo Esta Orden tiene por objeto especificar actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar un modelo de declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora
portadora del mismo puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.

Autónomos: El permiso retribuido recuperable únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. Por tanto, las personas trabajadoras por cuenta propia quedan fuera de su ámbito de aplicación y pueden seguir trabajando si su actividad no ha sido suspendida por el estado de alarma.

Representantes sindicales: Las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad contenidas, con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores, pues se hace necesario en muchas empresas e instituciones acudir a las consultas y la negociación con la representación de los trabajadores.

Declaración responsable: Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable y aquellas otras dedicadas a la actividad de representación sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o entidad empleadora les expida una declaración
responsable reconociendo tal circunstancia, conforme al Modelo recogido en la Orden


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