Mujeres consejeras en 2020: España vs. Italia

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España: la CNMV impulsa el cambio.

Hace unos días, Sebastián Albella, Presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (“CNMV”), anunciaba la intención de la CNMV de retrasar hasta 2022 la posibilidad de alcanzar el objetivo, para las sociedades cotizadas, de que el 40% de los puestos de los consejos de administración estén ocupados por mujeres.

Desde la modificación del Código de buen gobierno de 2015, se recomienda que las sociedades cotizadas fomenten una composición diversa del consejo de administración, incluyendo determinados objetivos que favorezcan el nombramiento de mujeres en los mismos.

En concreto, se trató de incentivar que, en 2020, el número de mujeres consejeras representara, al menos, un tercio de los puestos  en el consejo de administración de las sociedades cotizadas.

La finalidad de dicha regulación ha sido, en todo momento, la de asegurar una selección de los miembros de los órganos de administración que, además de garantizar su experiencia y cualificación, no suponga una discriminación de género.

El Código recomienda que:

  • Los consejos estén compuestos por un total de entre 5 y 15 miembros.
  • En la selección de los consejeros se promueva la diversidad de conocimientos, experiencias y género.
  • Las políticas de selección de los consejeros contribuyan a que las mujeres ocupen el 30% del total de miembros del consejo de administración de las sociedades cotizadas.

A diferencia de Italia como veremos a continuación, en España no se prevé ningún tipo de sanción por incumplimiento.

Italia: a la cabeza de Europa.

El hecho de que, desde siempre, Italia contara con un panorama societario en el que se seleccionaban (casi) exclusivamente candidatos de género masculino, hizo que, hace casi 10 años, se percibiera la necesidad de promulgar una ley que interviniese en la composición de los órganos sociales, dando visibilidad a la profesionalidad, competencia y talento de las mujeres.

Ese fue el objetivo de la Ley 120, de 12 de agosto de 2011, (“Ley Golfo-Mosca” o la “Ley”), promulgada con la intención de eliminar todas las barreras y los prejuicios que habían  obstaculizado el acceso de las mujeres a los puestos de dirección y control de las sociedades, además de la participación en la toma de decisiones corporativas.

La Ley introdujo un sistema de cuotas para lograr un equilibrio de género, jurídicamente vinculante, cuyos principales puntos son:

  • Temporalidad: se pretende un equilibrio de género durante tres mandatos consecutivos.
  • Incremento gradual: en el año siguiente a la entrada en vigor de la Ley se requería que se reservara al género menos representado el nombramiento de, al menos, un quinto de los administradores.
  • Sanciones: en primer lugar, una advertencia por parte de la Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores (“CONSOB”) a la sociedad incumplidora con el objetivo de que ésta se adecue a la normativa en el plazo de 4 meses desde dicha notificación. En caso de falta de regularización, la sociedad incumplidora deberá asumir una sanción pecuniaria. Y, por último, si la sociedad sigue sin cumplir con lo establecido, la sanción supondrá el cese de todos los miembros actuales del consejo.

La prórroga propuesta el pasado 5 de diciembre deja inalterado ese marco: la Ley seguirá siendo temporal, pero mantendrá su vigencia durante ulteriores seis mandatos consecutivos y, por otra parte, eleva el porcentaje requerido al 40%.

En estos 8 años, la Ley ha logrado obtener importantes resultados. Italia, a finales de 2019, se sitúa en el 5º puesto mundial por porcentaje de consejeras.

Necesidad percibida a nivel europeo.

No se trata ni para España ni para Italia de una reivindicación de género, sino de una garantía de la meritocracia en los mecanismos de selección de los miembros de los consejos de administración con el fin de actuar de manera más eficiente y productiva, sobre todo con referencia a la gestión de los conflictos de intereses, a los beneficios y a la competitividad.

Esa necesidad de regulación se reflejó también a nivel comunitario, con la propuesta de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, presentada el pasado 14 de noviembre de 2012, destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas (“Women in economic decision-making in the EU”).

La Directiva fijó el objetivo de garantizar que en el año 2020 los consejos de administración de las sociedades cotizadas de los Estados Miembros alcanzaran una cuota de, al menos, el 40% de consejeros pertenecientes al género menos representado.

Este texto normativo  establece una medida de obligado cumplimiento (a diferencia de las recomendaciones como en el caso de España), sancionando el incumplimiento de la cuota en el plazo señalado mediante multas administrativas o la anulación del nombramiento realizado.

¿Se ha logrado?

En el caso de España, a 31 de diciembre de 2019, el porcentaje de mujeres en puestos de consejos de administración de las sociedades del Ibex era del 23%, 7 puntos por debajo del objetivo marcado por la CNMV para 2020 en su Código de buen gobierno.

Por otro lado, según el último informe anual de la CONSOB sobre gobierno corporativo, la presencia de mujeres en los órganos societarios en Italia ha superado el 36%. Tras las últimas modificaciones legislativas a la Ley Golfo-Mosca introducidas a finales de diciembre 2019, la “quota di genere” ha sido incrementada del 33% al 40%. Antes de la entrada en vigor de la Ley Golfo Mosca, en Italia las mujeres con altos cargos representaban apenas un 6% del total de puestos directivos.

Una meta para todos

Aún falta mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo necesario. Es una invitación a los hombres que ocupan roles claves en la organización de las sociedades a tener en cuenta el talento de las mujeres en el ámbito laboral directivo. Y es una invitación a las mujeres a que, una vez alcanzados puestos de mando, fomenten este comportamiento para alcanzar los objetivos de paridad de género y sean las primeras comprometidas con esta evolución.  


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