Mucho ruido y pocas nueces

Comparte

Estamos viviendo la moda de vivir de los grandes titulares y la generación de altas expectativas para finalmente acabar viendo que todo queda en eso, papel mojado.

Las últimas novedades legislativas son el claro ejemplo de lo anterior. Hemos estado meses oyendo hablar de la revolución de la regulación del trabajo a distancia y cuando uno analiza la norma aprobada no deja de sorprenderse, es más de lo mismo.

No resuelve el conflicto real en materia de teletrabajo ¿qué pasa cuando un empleado quiere teletrabajar y la empresa no autoriza ese modelo de prestación de servicios?

Habitualmente la realidad de las relaciones laborales no suele verse resuelta por la normativa legal, a veces y, me atrevería a decir que muy ocasionalmente, los convenios colectivos dan respuesta a esos conflictos, sin embargo, no puede dejar de decepcionar que se apruebe una norma para regular el trabajo a distancia y no se de respuesta a la problemática real.

En marzo de 2019, se modificó el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores, el legislador dio una vuelta de tuerca a la conciliación de la vida laboral y personal e introdujo un nuevo apartado en el que recogía el derecho a pedir la adaptación de jornada por parte de cualquier trabajador e incluía expresamente la posibilidad de solicitar la prestación de servicios a través de la modalidad de teletrabajo.

El Real Decreto-ley 28/20 establece las reglas del teletrabajo y si se lee la norma uno se pregunta ¿qué realidad esta regulando? La de España no.

En primer lugar, limita su aplicación a aquellas empresas donde el teletrabajo afecte a más del 30% de la jornada del trabajador. Son excepcionales las empresas españolas que superan ese umbral.

En segundo lugar, el artículo 1 de este Real Decreto-ley, establece que el trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y la empresa, sin embargo, en el día a día, esto no se produce porque choca frontalmente con lo dispuesto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que, da el derecho al trabajador a solicitar la modalidad de teletrabajo para conciliar su vida laboral y personal, solicitudes que se están viendo respaldadas los Juzgados de los social.

Por lo tanto, no es voluntaria para la empresa que ve que un Juzgado estima que el trabajador tiene derecho a teletrabajar y además de no ser voluntario y no tenerlo ni implantado en su sistema organizativo, ahora la empresa se encuentra con que tiene que abonar los gastos de ese teletrabajo, cumplir en materia de prevención de riesgos, entregar los medios para desarrollar ese trabajo a distancia y en definitiva, incrementar sus gastos.

Esto no se resuelve en la norma, se podría haber planteado una disposición adicional, en donde se dejará fuera de la aplicación de la norma en aquellas situaciones impuestas judicialmente.

El Real Decreto-ley del que se habló durante meses, en realidad es una norma que en primer lugar, se aplicará por una minoría de empresas, en segundo lugar aleja a otras empresas de poder implantar este sistema debido a la imposición de unas reglas, de nuevo, que nada tienen que ver con la realidad del mercado laboral español y por último, no resuelve las situaciones en las que no hay un acuerdo entre las partes sino una imposición judicial, haciendo recaer en las empresas el coste de esa imposición unilateral.


Comparte