Medidas concursales consecuencia del COVID-19 contenidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril

Comparte

El Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia deroga el artículo 43 del Real DecretoLey 8/2020, de 18 de marzo que establecía medidas de carácter extraordinario y temporal dentro del ámbito concursal y preconcursal.

El nuevo RD-Ley 16/2020, en sus artículos 8 al 17 regula medidas que pretenden varios objetivos:

• Fomentar la renegociación de los convenios concursales y de los acuerdos extrajudiciales y de refinanciación en vigor, para adaptarlos a la nueva realizad económica, evitando entrar en procesos de cierre empresarial y liquidación.

• Permitir que las empresas en situación de insolvencia eviten verse incursas en procedimientos concursales, concediéndoles un mayor período de tiempo para alcanzar acuerdos que le permitan superar la situación creada por la crisis sanitaria, y fomentando su financiación por parte de
personas vinculadas.

• Agilización de ciertos trámites procesales y priorización de aquellas actuaciones judiciales encaminadas a preservar la actividad empresarial de la concursada.

Pasamos a enumerar las medidas contenidas el RD-Ley:

1. Renegociación de convenios concursales y acuerdos extrajudiciales de pago en período de cumplimiento

Posibilidad de “reconvenio”: durante el año siguiente a la finalización del estado de alarma el concursado podrá proponer modificaciones al convenio ya en vigor (el denominado “reconvenio”). Las mayorías exigidas serán las mismas que para el convenio ordinario, si bien, la tramitación será escrita, cualquiera que sea el número de acreedores.

Las modificaciones no afectarán a los créditos devengados en el período de cumplimiento del convenio ni a los creedores privilegiados adheridos al convenio originario, salvo que se adhieran expresamente a la modificación.

Incumplimiento de convenio en vigor: durante los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma, en caso de solicitud de declaración de incumplimiento del convenio por un acreedor, el juez dará un plazo de tres meses al concursado para que presente un “reconvenio”, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Acuerdos extrajudiciales de pago: serán de aplicación las normas contenidas el dos apartados anteriores.

Imposibilidad de pago de las deudas posteriores a la aprobación del convenio: durante el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma el deudor podrá presentar un “reconvenio” y evitar la apertura de la liquidación de la concursada, aún en supuesto de que algún acreedor acredite la obligación de reabrir el concurso.

• Financiación del convenio originario o “reconvenio” por personas especialmente relacionadas: dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, en caso de incumplimiento del convenio, los créditos derivados de la financiación de personas especialmente relacionadas tendrán la consideración de créditos contra la masa, en vez de créditos subordinados.

  1. Renegociación de los acuerdos de refinanciación

Renegociación de acuerdos homologados: durante un año desde la declaración del estado de alarma se podrán iniciar negociaciones para modificar el convenio en vigor o alcanzar otro nuevo.

Incumplimiento del acuerdo: durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, en caso de solicitud de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación por un acreedor, el juez dará al deudor un plazo de un mes desde la finalización del dicho plazo de seis meses para que declare que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones para modificar el acuerdo existente o alcanzar otro nuevo. El deudor tendrá el plazo de tres meses para cerrar las nuevas negociaciones.

  1. Aplazamiento de la obligación de solicitar concurso de acreedores


Concursos voluntarios: se suspende hasta el 31/12/2020 la obligación de solicitar el concurso al deudor que se encuentre en estado de insolvencia.

El art. 43 del RD-Ley 8/2020, ya derogado, suspendía el plazo de obligación de solicitud de concurso, pero obliga a presentarlo dentro de los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma.

Concursos necesarios: hasta el 31/12/2021 no se admitirán las solicitudes de concurso necesario presentadas desde la declaración del estado de alarma.

“Preconcurso”: si antes del 30/09/2020 se solicitara el inicio de un preconcurso” se regulará por el régimen general.

  1. Mejora del tratamiento de la financiación por personas especialmente relacionadas

Financiación: en los concursos declarados dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, los créditos derivados de la financiación aportada a partir de la declaración del estado de alarma por personas especialmente relacionadas tendrán la consideración de créditos ordinarios, en vez de créditos subordinados.

Subrogación: En los concursos declarados dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios, en vez de la consideración de créditos subordinados, los créditos ordinarios y privilegiados en los que se hubiera subrogado, a
partir de la declaración del estado de alarma, una persona especialmente relacionada.

  1. Agilización de ciertos trámites en los procedimientos concursales

• Simplificación de la impugnación del inventario y de la lista de acreedores: en los concursos en los que no se haya presentado al día de hoy el inventario provisional y la lista provisional de acreedores, y en aquellos declarados dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, en caso de impugnación del inventario o de la lista de acreedores, no será necesaria la vista, y la falta de contestación a la demanda por cualquier demandado se considerará allanamiento, salvo si se trata de acreedores de derecho público.

Obligación de subastas extrajudiciales: en los concursos en tramitación y en los declarados dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma, las subastas deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúan las ventas de unidades productivas.

Aprobación del plan de liquidación: el Juez, una vez transcurridos quince días desde la finalización del estado de alarma, deberá dictar el auto correspondiente a los planes de liquidación puestos de manifiesto en el juzgado. Si al finalizar el estado de alarma el plan de liquidación no hubiera sido puesto de manifiesto, se tramitará de inmediato.

Actuaciones judiciales objeto de tramitación preferente:
o Los incidentes concursales en materia laboral.

o Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.

o Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.

o Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.

o La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.

o La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

  1. Agilización de los acuerdos extrajudiciales

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se podrá iniciar el concurso consecutivo si se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal. Con ello se persigue agilizar el acceso de las personas naturales, incluidos los autónomos al mecanismo de la “segunda oportunidad”.


Comparte