Los jueces de lo Mercantil tratan de imponer un sistema de primera notificación electrónica

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El pasado 12 de abril, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó por unanimidad la adopción de una serie de criterios para la agilización de los trámites de admisión de las demandas interpuestas por los pasajeros del tráfico aéreo, principalmente en relación con las compensaciones previstas en el Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Una decisión, que trata de encontrar solución al atasco judicial que sufren principalmente los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. De hecho, tal y como relata el propio informe que acompaña al Acuerdo de la Sala de Gobierno, se registraron entre 2019 y 2020 una cifra superior a las 40.000 demandas encontrándose 26.080 demandas pendientes de sentencia a 31 de diciembre de 2020. Un ritmo de interposición a todas luces insostenible, aún habiéndose creado desde 2017 seis nuevos Juzgados de lo Mercantil en nuestra capital.

El contenido principal del Acuerdo adoptado es la integración de la última decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en esta materia. El máximo órgano de gobierno judicial acordó en sus reuniones de 28 de octubre y 3 de diciembre de 2020 la creación de una Unidad de Transporte Aéreo enfocada a potenciar la negociación entre las partes de manera previa a la admisión de las respectivas demandas. Habida cuenta que, según sus estadísticas propias, más del 70% de los procedimientos de esta materia se resuelven con un acuerdo transaccional posterior al emplazamiento de la compañía aérea.

Para tratar de solventar la situación de colapso, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que previamente al dictado del tradicional decreto de admisión de demanda, se dictará una Diligencia de Ordenación en la que se emplazará a las partes para tratar de alcanzar un acuerdo en el plazo de treinta días hábiles. Y lo que resulta más novedoso, dicho emplazamiento se llevará a efecto de manera totalmente telemática a la entidad aérea que habrá de haber renunciado expresamente a su emplazamiento personal según medios tradicionales, designando un nuevo sistema de notificación que se realizará a través del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que repartirá al profesional correspondiente cada nuevo procedimiento logrando un ahorro aproximado a la Administración de Justicia de un millón de euros. Por el momento, este nuevo sistema, que altera las reglas de juego del procedimiento, resulta voluntario para las compañías del sector.

Concretado su enfoque para el tráfico aéreo, no debe perderse de vista que la sociedad avanza siempre de la mano del Derecho, estando las dos realidades en constante evolución. Por lo que, encontrándonos próximos a la materialización de los Anteproyecto de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital; todo hace indicar que el devenir de este novedoso sistema de emplazamiento puede condicionar el futuro de la toda la nueva legislación relativa a justicia telemática y a los mal llamados ‘procedimientos masivos’.

Para conocer en más detalle lo acordado, pulsa aquí para tener acceso a la Certificación de Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de abril de 2021. Así como aquí para acceder a la nota publicada por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en relación con este Acuerdo.


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