Ley Rider ¿Solución o problema?

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Desde el pasado mes de marzo de 2021, el Gobierno ha dado viabilidad a la posición del Tribunal Supremo respecto a la situación laboral en la que se encuentran los riders y las empresas con las que contratan.

Para ello, el Ejecutivo modificará el Estatuto de los Trabajadores y, tras el acuerdo con los Agentes Sociales, otorga un plazo de 90 días a las plataformas digitales para que adapten su estructura a la nueva regulación.

Esta adaptación pasa principalmente por dar viabilidad a lo que conlleva adquirir la condición de trabajador por cuenta ajena en cuanto a la protección social y plenitud de derechos y obligaciones para con la Empresa.

¿Significa esto que TODOS los riders deben pasar a ser trabajadores por cuenta ajena?

La respuesta es ¡negativa!

Desde el Gobierno no se obliga a contratar a los riders con un régimen laboral de por sí. A lo que se obliga es, a que si un trabajador reúne los requisitos para ser trabajador por cuenta ajena, deberá reflejarse contractualmente. Es decir, si los riders y las empresas quieren mantener su actual situación, deben encuadrarse en el ordenamiento español, bien a través de una relación mercantil entre el rider autónomo y la empresa contratante o a través de una relación laboral entre el rider por cuenta ajena y la Empresa empleadora.

Lo que se ha descartado de pleno es la posibilidad de establecer una relación profesional a la carta, combinando elementos definitorios de la relación laboral por cuenta ajena y la relación mercantil bajo la figura del rider. Como señaló el Tribunal Supremo, no se puede elegir la naturaleza de la relación jurídica de carácter laboral, y las empresas que hasta ahora han estado incurriendo en este error deben regularizar su situación.

En cualquier caso, y dado que los riders han llegado para quedarse, todas las opciones pasarán siempre por adaptar las exigencias derivadas del acuerdo de Gobierno, con especial atención a las características por las que el Tribunal Supremo estableció la laboralidad de estas relaciones. Ello teniendo en cuenta que ambos Poderes tienen como objetivo reducir la precariedad laboral, sin obviar la posibilidad consistente en que si uno de estos riders realmente desea prestar su servicio como un trabajador autónomo, ha de hacerlo con todas las de la ley, bajo su riesgo y ventura, con la libertad en el trabajo que esta figura aporta. 

No debe cundir el pánico a pesar de que ya conocemos las críticas de los detractores de este acuerdo, que llegan indistintamente tanto de riders como de empresarios. Ambas partes, por ello, deben atender a las características del trabajo que desarrollen y, si sus necesidades y la realidad de su actividad coinciden con el trabajo por cuenta propia, no habrá problema en que continúen prestando servicios para varias plataformas en la figura de autónomos. Por otro lado si, como dictaminó el Tribunal Supremo, los trabajadores continúan desarrollando su actividad con una falsa autonomía e independencia, y se encuentran bajo las órdenes de las plataformas, quedando supeditadas a las mismas, será entonces cuando deban formalizar un contrato laboral y pasar a ser trabajadores por cuenta ajena.  En este último caso, el escenario que se plantea con mayor complejidad será el de definir qué empresa se situará como empleadora de cada trabajador, pues de facto y por meras limitaciones de tiempo y/o contractuales no podrán ya prestar servicios para tres o cuatro plataformas a la vez, sino que tendrán que regularizar su situación con una o dos de ellas, lo que puede desincentivar la contratación por parte de las mismas.

Es ciertamente esperado que ante un cambio de estas magnitudes las partes tengan incertidumbre al porvenir, al futuro de cada uno, pero es igualmente previsible que en la medida en que sigan ofreciendo un servicio como el delivery y los usuarios continúen haciendo uso de ellos, esta regulación podrá mejorar la imagen y la propia estructura de todo el sector.

Todo ello, como siempre, pasa inexorablemente por un compromiso social que, esperemos, no se desvirtúe con nuevos vacíos legales, sino que sea realmente el punto de partida para remar en la misma dirección.


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