Las grandes tecnológicas y la prensa: el maldito parné

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Una de las áreas económicas en las que la Comisión Europea tiene un mayor empeño de armonización es la propiedad intelectual. En mayo de 2019 la Unión Europea adoptó la Directiva (UE) 2019/790, que regula los derechos de autor y derechos conexos en el mercado único digital. Entre ellas el acceso vía Internet a las publicaciones de prensa.

En su preámbulo la norma indica que “Una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la información.” Ahora bien, si algo hemos aprendido el común de los ciudadanos es que, en Internet, como el mundo real, la calidad, y en el caso de la prensa la fiabilidad de la información tiene un precio. Y cuando algo es aparentemente gratuito, el precio es tu información personal y, en definitiva, tu derecho a la intimidad. Cuando no tu manipulación.

Durante más de siglo y medio de la prensa se ha financiado con suscripciones y publicidad. La disponibilidad de sus contenidos en Internet ha supuesto una transferencia notable de dichos flujos económicos de las empresas periodísticas a los portales de Internet, que los ofrecen a los lectores, quienes, a cambio, soportan publicidad de todas clases. Y cuyo único beneficiario son los portales.

La norma europea ha puesto los medios para restablecer el equilibrio económico y que, de esta forma, los editores de prensa, los periodistas y demás colaboradores tengan la oportunidad de ser retribuidos por su inversión y trabajo. Lo que ha provocado una reacción, por esperada, de los portales de Internet, demasiado acostumbrados a una barra libre y gratuita de contenidos.

La situación es cualquier cosa menos novedosa. Los autores musicales y las compañías fonográficas se enfrentaron a una situación similar con el nacimiento de la radio, ya que el producto de su trabajo de su inversión era utilizado sin compensación alguna. El conflicto se resolvió mediante el reconocimiento del derecho de autores y productores a recibir una compensación, que, desde entonces, hace casi cien años, se ha desarrollado de forma pacífica y beneficiosa para ambas partes.

La Directiva, y con ella la obligación de los portales de pagar por los contenidos (no por los meros enlaces a la información), deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico español antes de que finalice el mes de junio. Lo que debe llevar a las partes afectadas a negociar un acuerdo justo, que sea beneficioso para ambas y, en definitiva, para los ciudadanos que tendremos una mejor, y más amplia, oferta de prensa.

Ahora bien, en caso de bloqueo, nuestro ordenamiento jurídico dispone de dos instituciones para resolverlo, con la peculiaridad de que ambas pueden actuar en paralelo: la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, especialmente para caso de que los portales, prevaliéndose de su situación de dominio, se nieguen a negociar, lo que en Francia ha motivado la intervención de la Autorité de la Concurrence, que ha impuesto Google la obligación de negociar de buena fe; y la Comisión de Propiedad Intelectual, con facultad para determinar las tarifas que los portales deben pagar a los editores de prensa, y cuya decisión sería inmediatamente ejecutiva y obligatorias para editores y portales.


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