La “quiebra” de las personas físicas y la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Cómo superar un fracaso económico?

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Basta con abrir un periódico o encender la televisión para darse cuenta de la debacle económica que la pandemia del COVID-19 está causando en la economía española.

Según los datos publicados, durante el primer mes del estado de alarma echaron el cierre 122.000 empresas y las previsiones anunciadas por el Consejo de Ministros indican que los concursos pueden llegar a alcanzar la cifra de 50.000 en el primer trimestre del año 2021.

Si bien el Gobierno español está adoptando medidas para paliar esta crisis, es innegable que muchos empresarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena se han visto o prevén verse afectados por esta situación. Despidos y ceses de actividad o negocio pueden ser la realidad de muchas personas, lo que puede derivar en una imposibilidad de hacer frente al pago de deudas u obligaciones corrientes, ya sea a nivel personal o como fiadores o avalistas.

Ante esta situación, y ante el miedo a verse perseguidos por las deudas durante el resto de su vida, queremos recordar la figura de lo que comúnmente se ha denominado Segunda Oportunidad y, en terminología jurídica, Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Este mecanismo, que existe en muchos ordenamientos jurídicos y que fue introducido por primera vez en el nuestro en el año 2015, no es otro que la posibilidad para aquellas personas, empresarias o no, que han sufrido un fracaso económico y no pueden hacer frente al pago de sus deudas, de que puedan recomponer las mismas o exonerarse de ellas, ya sea total o parcialmente, sin necesidad de que se vean perseguidos por estas de por vida.

Hay que advertir que, como todo proceso parcialmente judicializado, el camino no es fácil ni rápido; pasa en todo caso por un procedimiento de concurso de acreedores que debe concluir con la previa liquidación del patrimonio del deudor, o con la declaración de insuficiencia de su masa activa.

No obstante, la recompensa es poder liberarse de las deudas y empezar de cero.

El Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado en este mes de mayo y que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020, sistematiza y clarifica este mecanismo, diferenciando entre un Régimen General de Exoneración y un Régimen Especial. La opción entre uno u otro dependerá básicamente del nivel de endeudamiento y de la capacidad económica del deudor.

En primer lugar, se establece en todo caso un presupuesto (presupuesto subjetivo) que debe cumplir la persona natural, deudor, que quiera acceder a este beneficio de exoneración.

Este presupuesto no es otro que su consideración como deudor de buena fe:

  • Aquel cuyo concurso de acreedores previo no ha sido declarado culpable, con la excepción salvable de la presentación tardía del concurso.
  • Aquel que no haya sido condenado mediante sentencia firme, por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública o Seguridad Social en los últimos 10 años.

A continuación, se establecen dos vías para poder acceder al beneficio de exoneración.

La primera, a través de lo que se ha denominado Régimen General de Exoneración. Para obtener el beneficio por esta vía, el deudor deberá haber satisfecho dentro del concurso la totalidad de los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Además, si el deudor hubiera reunido los requisitos para haber celebrado con carácter previo un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, deberá haberlo celebrado o al menos intentado. En su defecto, deberá abonar además el 25% de los créditos concursales ordinarios.

Cumplido lo anterior, el deudor podrá solicitar la exoneración del resto de sus deudas. Verificada la concurrencia de los presupuestos por el juez y sin oposición, se le concederá el beneficio de exoneración. Se exceptúan de este beneficio los créditos de derecho público y por alimentos que el deudor deberá pagar en todo caso.

Alternativamente al Régimen General y como segunda vía, se establece el Régimen Especial de Exoneración por la aprobación de un plan de pagos.

Esta opción está dirigida a aquellos deudores que no cumplen los presupuestos del régimen general, y ofrece la posibilidad de abonar los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y los créditos por alimentos, dentro de un plan de pagos de cinco años máximo y sin devengo de intereses. El resto de las deudas (créditos ordinarios y subordinados pendientes de pago) quedarían exonerados, exceptuándose al igual que en el régimen general los créditos de derecho público.

Por tanto, y ante la posibilidad de que muchas personas, empresarias o no, se vean inmersas en un sobreendeudamiento, con una capacidad económica muy reducida para hacer frente al pago de sus deudas, recordemos siempre la existencia de este mecanismo de Segunda Oportunidad. Deseamos que no tarden en introducirse las mejoras esperadas a la luz de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio, y que deberían orientarse a la reducción del periodo de tiempo para obtener la plena exoneración de deudas, o la adaptación de las deudas no exoneradas a la situación personal del empresario


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