La contrarreforma laboral tendrá que esperar.

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El 21 de mayo EH Bildu dio a conocer el acuerdo alcanzado con PSOE y UP en el que se incluía, textualmente, la derogación «de forma íntegra» de la reforma laboral del PP.

Este acuerdo fue bastante polémico en su momento y estuvo a punto de levantar de la mesa de negociación a los empresarios en el momento más decisivo en cuanto a la posible prórroga de los ERTE, provocando una rápida respuesta del Gobierno para recuperar el dialogo social con la Patronal, alegando que la contrarreforma afectaría a los aspectos más lesivos.  No se terminó de aclarar a qué se refiere exactamente con eso de aspectos más lesivos.

Todo parece indicar que, con el papel protagonista que se ha dado a los sindicatos en la negociación de los ERTE, estos aspectos más lesivos son los relacionados con la negociación colectiva, pero es algo que por ahora tendrá que esperar.

Esta semana se confirmaba el reparto de los 740.000 millones del fondo de reconstrucción del Covid-19, el Consejo Europeo ha llegado al acuerdo más importante de la Institución desde los acuerdos del Euro como moneda única en 1999. España ha sido beneficiada con 140.000 millones de euros (11% del PIB), de los cuales 72.700 millones de euros serán ayudas a fondo perdido.

Mark Rutte, el máximo representante de los llamados países frugales, impuso su criterio y obligará a los países del Sur a mantener la flexibilidad del mercado laboral y tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en pensiones como condiciones para acceder a los fondos europeos.

Durante esta semana hemos escuchado a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, decir que la contrarreforma laboral ha pasado a ser un objetivo secundario. Estas declaraciones suponen un balón de oxígeno ante tanta inseguridad jurídica provocada con los cambios normativos a través de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno durante la pandemia y, por ahora, para afrontar la crisis en la que nos encontramos, se mantendrá la flexibilidad de mercado laboral marcada por la reforma del 2012.


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