Gobernanza de las entidades de gestión: un cambio notable

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La aparición de medios de reproducción mecánica de las obras de creación intelectual a finales del siglo XIX (pianolas mecánicas, fotógrafos, cinematógrafo) posibilitó un crecimiento exponencial de sus ejecuciones públicas, y con ello aparece la necesidad de buscar mecanismos jurídicos que permitan obtener las licencias necesarias para el uso legítimo de las obras. En este punto las soluciones corren inicialmente en paralelo, dependiendo del tipo de obra (musical, dramática o cinematográfica). Mientras que la música y el teatro recurren a organismos de gestión de licencias (los editores musicales y las primigenias sociedades de gestión), el modelo de negocio cinematográfico hace concurrir en el productor la totalidad de los derechos de explotación.

La radiodifusión comercial, a partir de mediados de los años 1920, amplía, otra vez de forma exponencial, el número de usos de las obras musicales y dramáticas. El crecimiento simultáneo del número de salas cinematográficas, y su dispersión geográfica, produce un fenómeno similar. Y con ello la generalización y crecimiento de las agrupaciones de autores y otros titulares de derechos que deciden gestionarlos de forma autónoma e independiente. Son, evidentemente, las que denominamos sociedades o entidades de gestión.

A mediados de los años 1930 se produce en España una operación de concentración de la sociedad gestión de autores existentes (los ejecutantes musicales y los actores dramáticos aún no tienen derechos de propiedad intelectual), de la que resulta la SGAE. El monopolio legal que le proporciona la dictadura en 1940 se extiende hasta el año 1987, en que la nueva Ley de Propiedad Intelectual (la anterior era de 1879, con una actualización para el cine, en 1966) reconoce derechos específicos a los artistas e intérpretes y a los productores de fonogramas y videogramas. También regula las sociedades de gestión, con pleno respeto a su autonomía y capacidad de autodeterminación.

La situación se mantiene hasta la reforma de 2014, y se culmina con la reforma de 2019, que ha llevado a que las entidades españolas sean las que soportan un mayor nivel de intervención administrativa, porque cuentan con menor capacidad de autodeterminación que sus competidoras en el entorno del Mercado Único. Lo que les impide competir en este espacio con sus homólogas francesas o alemanas.

Una de las preocupaciones, y esta vez perfectamente legítima, del legislador es la gobernanza de las entidades de gestión y sus relaciones con aquellos titulares de derechos que sean, al mismo tiempo, usuarios de su repertorio. Determinadas conductas, sucedidas en exclusivamente una de las diez sociedades de gestión autorizadas para operar en España, movieron al legislador a adoptar una decisión esencial para garantizar una gestión de sus repertorios libre de las influencias de los usuarios. Y entre ellas la exclusión de los titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarios de sus órganos de gobierno artículo 159 apartado ñ). La medida, en términos de gobernanza corporativa, se ajustaba a los parámetros exigibles a las personas jurídicas que gestionan intereses generales, máxime teniendo cuenta que dichos órganos son los que, por ministerio legal, deben determinar las tarifas aplicables a los diferentes tipos de usuarios de su repertorio, así como las condiciones contractuales correspondientes.

La medida ha tenido un corto recorrido, de poco más de un año, puesto que el Real Decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transporte y vivienda, modifica el citado apartado, permitiendo la entrada de los usuarios en los órganos de administración de las sociedades de gestión, hasta el 50% del total de sus miembros. Bien que la propia norma indica que, en caso de conflicto de interés, dichos miembros no podrán participar en la tomar decisiones en las que pudiera existir un conflicto con los representados por ellos.

La Exposición de motivos de la norma extraordinaria (600 palabras, frente a las 100 del texto dela reforma) justifica la modificación legal indicando que la actual regulación “impide la presencia de parte de sus miembros en sus órganos de gobierno y representación, lo que puede en algunos casos impedir la regeneración necesaria en los órganos de gobierno de la entidad y dificultar la garantía de una gestión de derechos eficaz, transparente y competitiva a nivel internacional, libre al mismo tiempo de las influencias de los usuarios.

No parece que la solución sea adecuada, toda vez que las actuaciones que motivaron la intervención del legislador en 2019 se produjeron a lo largo de un período de tiempo en el que una parte de los usuarios formaban parte de dichos órganos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, si bien la reforma abre una puerta a la entrada de los usuarios en los consejos de administración de las sociedades de gestión, corresponderá a cada una de ellas y, en especial, a los titulares de derechos independientes, adoptar las decisiones correspondientes al respecto. Incluida la exclusión estatutaria de los usuarios de sus órganos de administración, ya que la reforma ofrece una posibilidad, pero, en modo alguno, constituye una obligación para ellas. Salvo para las entidades de gestión que admitan la membresía de los editores musicales, que, necesariamente, deberán incorporarlos, con los límites de la reforma.


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