Giro inesperado en la calificación del despido

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Se ha dictado recientemente otra sentencia en materia de despido como consecuencia del COVID-19. La gran novedad, es que esta nueva sentencia se ha dictado por el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, y contradice de forma rotunda lo argumentado por la Sentencia de 6 de julio de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell.

A modo de recordatorio, la Sentencia de fecha 6 de julio de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell, declaró la nulidad despido al considerar que se había vulnerado el art. 2 del Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo. El contenido de dicho artículo establece que, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparen las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada, no podrá entenderse como justificativas del despido o extinciones de contratos.

El Juzgador entendió que la extinción del contrato de trabajo de la actora se produjo, sin lugar a duda, como consecuencia de la situación derivada de la declaración del Estado de Alarma, y que, por tanto, era de aplicación el art. 6.3 del Código Civil por cuanto la extinción del contrato de trabajo constituía un acto contrario a una norma imperativa además de constituir un fraude de ley.

Por lo que, al haberse amparado la empresa en una causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, el despido debía calificarse como nulo.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona ha cambiado de criterio en materia de despidos ocasionados por el COVID-19.

Concretamente, en la Sentencia de fecha 10 de julio de 2020 que ha dictado recientemente, ha aclarado que, aunque el despido producido carecía de causa para ejecutarlo, puesto que la empresa ni siquiera trató de acreditar la supuesta infracción del trabajador, el mismo debe ser considerado como improcedente.

Entiende dicho Juzgador que, de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, la calificación de un despido sin causa, debe ser la improcedencia y no la nulidad, quedando esta última únicamente reservada para los casos más graves de vulneración de derechos fundamentales o aquellos que puedan estar relacionados con situaciones de especial protección.

Aclara además que, ni el régimen del fraude de ley, como indicaba el Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell, ni el abuso de derecho, recogidos ambos dos en el art. 6 del Código Civil, deben comportar la declaración de nulidad del acto jurídico.

Por si no fuera suficiente, con posterioridad a esta última sentencia, se dictó el pasado 31 de julio otra sentencia por el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, cuyo criterio es el mismo que el adoptado en la sentencia de 10 de julio de 2020, con la única salvedad que, considera oportuno aumentar la cuantía de la indemnización por considerar que, la indemnización que resultaría de la aplicación del art. 56 del ET, no ejerce efecto disuasorio alguno para la empresa.

En definitiva, el Juzgador llega a la conclusión de que la aplicación estricta del art. 56 del ET, sería contrario al Convenio nº158 de la OIT, puesto que implicaría abonar al actor una indemnización de 4.219,22 euros, siendo esta muy reducida en comparación con el salario que el demandante percibía de 6.666,67 euros mensuales. Por lo que, a la vista de los hechos probados, y dado que la empresa no se molestó ni siquiera en exponer con un mínimo de precisión la verdadera razón del despido, decide el Juzgador conceder una indemnización equivalente a 9 meses de salario, que en el caso del actor asciende a 60.000 euros.

Como puede observarse, hay una gran disparidad de criterios sobre cual debe ser la calificación que merecen los despidos ocasionados por el COVID-19, puesto que estamos ante una materia de escasa regulación y sin doctrina jurisprudencial al respecto, por lo que, como bien indica en su Sentencia el Juzgado de lo Social nº26 de Barcelona, deberá ser el Tribunal Supremo quien en unificación de doctrina se pronuncie cuando convenga.


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