España Green

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El  23 de junio de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (el “Real Decreto”).

Esta norma viene a impulsar la transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable con el horizonte del año 2050 y a modificar las bases del mercado actual de renovables.

En este sentido, y con el fin de terminar con la burbuja que sufre el sector en la actualidad como consecuencia de la especulación con los accesos a la red, el Real Decreto opta por un sistema que favorezca la obtención de acceso por los proyectos reales (esto es, aquellos que puedan garantizar su viabilidad al tener, por ejemplo, asegurados los terrenos).

Para ello, el Real Decreto instaura un sistema de hitos que, de no ser cumplidos, daría lugar a la ejecución de los avales (algo insólito hasta ahora en el mercado español)

Asimismo, con el objetivo de incentivar la instalación de energías limpias durante la próxima década, introduce en el mercado español nuevos modelos de acceso como el sistema de subasta, que ya venían utilizándose en países de nuestro entorno (por ejemplo, en Portugal). La variable sobre la que se pujará será el precio de la energía y los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre diferentes tecnologías de generación atendiendo a sus características técnicas, tamaño, localización o madurez tecnológica.

De igual modo, el Real Decreto aligera la tramitación de los proyectos de generación a partir de energías renovables y la infraestructura eléctrica asociada, fijando los casos en que no sería necesaria la renovación de autorizaciones por parte del promotor cuando la modificación del proyecto no reviste carácter sustancial.

También, y con el fin de maximizar la utilización de las redes eléctricas ya existentes, abre la vía a nuevos modelos de negocio como el almacenamiento a través de baterías o la hibridación combinando eólica y fotovoltaica.

Por último, es interesante hacer notar la apertura de una moratoria de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto (esto es, el 25 de junio de 2020) durante la cual no se admitirán nuevas solicitudes de permisos de acceso ni por la capacidad existente a la entrada en vigor de la norma ni por la que resulte liberada con posterioridad como consecuencia de los desistimientos, caducidades o cualquier otra circunstancia sobrevenida (con excepción de aquellas solicitudes que, en el momento de la entrada en vigor ya hubieran remitido a la administración competente el resguardo acreditativo de haber depositado las garantías económicas necesarias para la tramitación de los permisos de acceso).


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