¿Es necesario esperar al 31 de diciembre para presentar un concurso?

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Mucho se ha hablado y debatido hasta la fecha sobre la ampliación del plazo introducida por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (RDL 5/2021) al 31 de diciembre de 2021 para la obligación de presentar el concurso voluntario.

No es nuestra intención reiterar el contenido de este Real Decreto, lo que queremos y lo que buscamos en este artículo es darle una aplicación y un sentido práctico a este contenido. En resumen, explicaremos que, cuando se dice que no hay obligación de presentar concurso hasta el 31 de diciembre del 2021, no significa que pueda dejarse pasar el tiempo hasta el 31 de diciembre.

De sobra es sabido que la situación económica actual provocada por la Covid ha situado a nuestro tejido empresarial en una situación muy complicada. Los profesionales que nos dedicamos al ámbito concursal creemos que muchas empresas no pueden ni tampoco deberían esperar al 31 de diciembre para tomar decisiones y, por ende, acciones judiciales como el concurso de acreedores.

Por un lado, el empresario debe saber que el que haya esta vacatio no impide (i) que Hacienda o la Seguridad Social puedan iniciar embargos o (ii) que un acreedor pueda instar un procedimiento judicial o ejecutar una sentencia. En estos casos, la empresa deberá soportar la traba.

Por otro lado, el empresario debe de ser consciente de que esta moratoria hasta el 31 de diciembre no conlleva la exoneración de su responsabilidad. El administrador de la compañía tiene que cumplir en todo momento con las obligaciones de un buen empresario, evitando así responder ante los acreedores por su responsabilidad en un futuro concurso.

En el caso del concurso de acreedores, el administrador concursal nombrado velará por los intereses del concurso y calificará (como culpable o fortuito) la actuación del deudor y de los legales representantes, es decir, su grado de responsabilidad ante la insolvencia de la empresa.

Por todo ello, parece que lo más prudente y deseable sería que el empresario actuase sin tener en cuenta esta moratoria, con el fin de tomar las medidas legales oportunas para garantizar la viabilidad de su empresa lo antes posible.

En definitiva, el RDL no debe de utilizarse para demorar la toma de decisiones hasta el 31 de diciembre ya que muchas empresas que hubieran podido enderezar su situación económica, irán directamente a liquidación para entonces. EL RDL no debe desvirtuar la intención de la Ley Concursal que aspira a ser un instrumento para salvaguardar la empresa y conseguir su continuidad, ya sea vía reestructuración, ya sea vía convenio o incluso venta de su unidad productiva. La utilización irresponsable del RDL puede conseguir el efecto contrario al pretendido por la Ley Concursal.


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