Empresas fantasma: en el punto de mira

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Los tremendos efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria están provocando graves secuelas en nuestro tejido empresarial.

El establecimiento de un cuadro de protección económica y empresarial, formado esencialmente por  E.R.T.E.S., préstamos con aval ICO y prórrogas concursales, configura una auténtica Unidad de Cuidados Intensivos para el conjunto de las empresas que se han acogido a estas medidas.

La duda razonable sobre la capacidad de reanimación, una vez se vayan desconectando de estos mecanismos asistenciales, está sacando a la luz la expresión “empresas zombis”. Con esta gráfica expresión se empiezan a definir aquéllas cuya capacidad de supervivencia económica está en serio riesgo, una vez se dejen de aplicar los mecanismos de protección que han permitido su continuidad

Sin embargo el uso del término “empresas zombis” no es nuevo. Se ha venido utilizando, junto con el de  “empresas fantasmas”, para identificar a aquellas empresas que giran, de forma aparente pero no real,  en nuestro tráfico comercial y que han venido incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones mercantiles y/o fiscales.

Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, a fecha diciembre 2020 en España existían poco más de 3.404.000 empresa. En un estudio realizado por  Crédito y Caución, se concluye que el 46% de las empresas españolas, que los registros oficiales consideran activas, no tienen realmente actividad. Así cerca de 1.541.000 empresas obligadas no han depositado cuentas ni han publicado actos societarios.

De esta manera, y a los efectos de esta nota, consideraremos empresas zombis o empresas fantasmas aquéllas que, amparadas por una forma societaria, no desarrollan una actividad económica real, y mantienen una situación opaca. Este ocultismo viene ocasionado, principalmente,  por el cierre de su hoja registral debido, principalmente a la la falta de depósito de sus cuentas anuales.

Para atacar esta situación se ha publicado, el pasado día 30 de enero, el Reglamento de la Ley de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021 de 12 de enero (en adelante “El Reglamento de Auditoría”). Este nuevo Reglamento va a dar un impulso fundamental a la persecución y sanción del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales

Sus Disposiciones Adicionales 10ª y 11ª apuntan a las sociedades que incumplen su obligación de depósito de cuentas anuales fijando por fin el procedimiento sancionador y la intervención de los propios registradores mercantiles para la instrucción de los expedientes, que hasta ahora se encontraba reservada al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y que en la práctica no estaba siendo desarrollada.

Recordemos que la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 279, establece la obligación de los administradores de proceder al depósito de las cuentas anuales de las sociedades en el mes siguiente al de su aprobación.

El acceso a esta información, proporcionada por los documentos que conforman las Cuentas Anuales,  por parte de terceros operadores económicos y jurídicos es fundamental tanto desde el punto de vista de seguridad económica como desde la seguridad jurídica. Por tanto, la publicidad registral que permite el depósito de cuentas anuales y la transparencia que otorga a las relaciones con terceros merece una especial protección que se configura a través de una serie de consecuencias punitivas en caso de incumplimiento

Los efectos del incumplimiento de esta obligación formal, además de las sanciones económicas a que puedan dar lugar,  se contemplan en el artículo 282 LSC. Así se prevé el cierre de la hoja registral que impedirá la inscripción en el Registro Mercantil de documentos referidos a la sociedad incumplidora, salvo las siguientes excepciones:

  1. Cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores
  2. Revocación o renuncia de poderes,
  3. Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores
  4. Asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa

Además del bloqueo de acceso de los documentos al Registro se establece un régimen sancionador por medio de multas económicas.

Bien es cierto que hasta ahora en la práctica no venía siendo aplicado, permitiendo una enorme laxitud en la presentación extemporánea de las cuentas anuales, cuando no, directamente, la falta de presentación.

Sin embargo las Disposiciones Adicionales señaladas son el adelanto de un próximo giro radical de esta situación y el inicio, más temprano que tarde, de la persecución y sanción de estas situaciones.

La propia LSC, observando el mandato constitucional del artículo 25.1 CE de reserva de ley para el ejercicio de la potestad sancionadora,  establece en su artículo 283 el régimen sancionador  en caso de incumplimiento total por falta de presentación o parcial en caso de presentación tardía.

Las sanciones se fijan en cuantías que oscilan entre el importe mínimo de 1.200 euros y máximo de 60.000 euros. No obstante se prevé que puedan alcanzar los 300.000 euros, en el caso de sociedades o grupo de sociedades con una facturación anual superior a 6.000.000 de euros.

Este marco legal sancionador, que en la práctica  no venía siendo aplicado a las empresas incumplidoras por falta de desarrollo reglamentario y capacidad del ICAC para la instrucción de los expedientes, ha recibido un impulso definitivo para su ejecución a través del Reglamento de Auditoría.

  • En primer lugar la Disposición Adicional 10ª  establece que podrá encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles competentes por razón del domicilio del obligado, previendo la fijación de sus aranceles como un “premio de liquidación”.
  • En segundo lugar, su Disposición Adicional 11ª, concreta el régimen sancionador, fijando los criterios para determinar y cuantificar el importe de la sanción de la LSC y el plazo máximo de 6 meses de duración del procedimiento para resolver, desde el acuerdo de incoación por parte del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En definitiva el Ministerio de Economía ha decidido pasar a la acción contra las empresas zombis o fantasmas, atacando su irregular situación registral, y dicho sea de paso, generando una nueva fuente de obtención de recursos públicos.

Con el desarrollo reglamentario de la capacidad sancionadora que ya preveía la Ley de Sociedades de Capital se anticipa la que, a buen seguro, será una política recaudatoria, en un momento económico tan delicado como el actual.  Sólo a modo de hipótesis, si consideramos la imposición de la sanción mínima de 1.200 euros prevista en la LSC al millón y medio de empresas incumplidoras se alcanzaría una recaudación de cuantía superior a 180 millones de euros. Insisto, en su grado mínimo

Frente a este cercano riesgo de sanción y de responsabilidad que puede generarse, corresponde a los socios y administradores de las sociedades proceder al diligente cumplimiento, en tiempo y forma,  de sus obligaciones  de depósito de cuentas así como  activar los mecanismos de apertura de la hoja registral.

En caso contrario deberán plantear, como decisión responsable, la disolución y liquidación de las sociedades inactivas. Con ello podrán evitar una contingencia económica que puede agravar la situación irregular de la compañía impidiendo la adopción de las decisiones más oportunas.


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