El «riesgo» de los riesgos psicosociales

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Tanto la pandemia y el confinamiento que vivimos el año pasado, como las nuevas situaciones y condiciones laborales a las que se enfrentan empresas y trabajadores han hecho necesario un nuevo enfoque respecto a la seguridad y salud en el trabajo.

Estamos viviendo un cambio de cultura, nuevos rumbos en la forma de trabajar y, como no podía ser de otra forma, los riesgos en el trabajo evolucionan y se adaptan a dichos cambios.

Tanto es así, que la Dirección Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido el pasado mes de abril un Criterio Técnico sobre actuaciones en riesgos psicosociales (C.T. 104/2021) donde describe tanto los factores de riesgo que pueden afectar a la salud mental de los trabajadores como las actuaciones que deben llevar a cabo las empresas para su control recordando la obligación de que dichos riesgos psicosociales deban ser evaluados.

Que las empresas no dispongan de una evaluación de los riesgos psicosociales es bastante frecuente y es por ello por lo que la Inspección de Trabajo, siguiendo dicho criterio, viene a definir y dar detalle de cuáles son esos riesgos psicosociales específicos (estrés laboral, ansiedad, malestar psíquico y acoso laboral) y cuáles son los factores específicos que lo provocan.

Lo cierto es que dicho criterio viene a servir como guía para las empresas de lo que hasta ahora han venido dictando los Tribunales, pues, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de fecha 5 de octubre de 2005 o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia de fecha 14 de mayo de 2014 ya establecían qué medidas debía adoptar el empresario ante una situación de estrés laboral.

Ahora, la Inspección de Trabajo da las pautas: las empresas deben potenciar el apoyo psicológico de sus trabajadores y cuidar los factores de riesgo para obtener un buen clima laboral y el bienestar psicológico de los trabajadores adaptándose, evidentemente, a los cambios culturales que estamos viviendo en la forma de trabajar.

Por ello, las empresas, además de cumplir con la obligación de llevar a cabo la evaluación de los riesgos psicosociales de todos los puestos de trabajo, deben evitar que situaciones como las que muchas personas vivieron durante el confinamiento provocado por la pandemia (monotonía, aislamiento, largas jornadas laborales, etc.) se produzcan.

La carga de trabajo, el horario, el derecho a la desconexión digital o las relaciones con los clientes son circunstancias que dicho organismo identifica como factores de riesgo.

Si las empresas no toman medidas y no cumplen con dicha obligación se verán expuestas a sanciones en materia de prevención de riesgos laborales que pueden alcanzar hasta los 819.780 euros, según su gravedad, conforme establece la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Además, hay que tener en cuenta que las cuantías de las sanciones están siendo actualmente revisadas por el Gobierno con la intención de que se incrementen en un 20%, por lo que, de ser así, las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales se verán incrementadas en un parámetro calculado aproximadamente hasta los 983.736 euros, lo que supondría un mayor coste para aquellas empresas que no se adapten a este cambio cultural y adopten medidas frente a los riesgos como el estrés, la ansiedad o el malestar psíquico de los trabajadores.

Por ejemplo, ya hay empresas que están siendo sancionadas por denuncias de sus trabajadores que han puesto de manifiesto que no tenían evaluados los riesgos psicosociales con multas en torno a los 60.000 euros.

Con este nuevo criterio lo que queda claro es que la Inspección de Trabajo está comenzando a revisar a las empresas y van a dictarse muchas infracciones por lo que habrá que estar atentos y contar con un asesoramiento que conozca las líneas que marcan los Tribunales y que ahora dicho organismo hace suyas para evitar soportar sanciones muy costosas.


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