El beneficio del pasivo insatisfecho y el crédito público

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De sobra es conocida la entrada en vigor, el pasado 1 de septiembre de 2020, del Texto Refundido de la Ley Concursal (Ley 25/2015 de 28 de julio). Coincide en el tiempo con la crisis mundial generada por la Covid-19, de dimensiones que todavía no acertamos a prever. Resulta más que probable que numerosos empresarios y consumidores se vean abocados a recurrir al mecanismo de la llamada Segunda Oportunidad, con el fin de quedar liberados de las deudas a las que no puedan hacer frente, acogiéndose al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho (en adelante, BEPI).

El TRLC regula el mecanismo del BEPI desarrollándolo en los artículos del 486 al 502, en cuatro secciones: (I) ámbito de aplicación, (II) régimen general, (III) régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos y (IV) los efectos comunes de la exoneración.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: La persona se podrá acoger al BEPI cuando la causa de la conclusión del concurso sea la finalización de la fase de liquidación o la insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la masa.

RÉGIMEN GENERAL: Por un lado, para poder acogerse al BEPI, la ley exige el presupuesto subjetivo de ser un deudor de buena fe que reúna los requisitos de no haber sido culpable su concurso, además de no haber sido condenado penalmente. No obstante, se podrá exonerar, aun habiendo sido declarado culpable su concurso, si el juez lo concede atendiendo a las circunstancias que rodean al mismo.

Por otro lado, la ley exige para acogerse al BEPI también el presupuesto objetivo sobre la necesidad de abonar la integridad de los créditos masa y de los créditos concursales privilegiados, además de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

Cumplidos ambos presupuestos, el deudor deberá solicitar ante el juez el BEPI, del que se dará traslado a la administración concursal y a los acreedores. Si no hay oposición, el juez lo concederá, previa verificación de la concurrencia de los requisitos establecidos en la ley.

Las consecuencias de la exoneración en este supuesto se extenderán (si se han satisfecho tanto los créditos contra la masa como los créditos privilegiados) a la totalidad de todos los créditos, excepto los de derecho público y los de alimentos.

RÉGIMEN ESPECIAL DE EXONERACIÓN POR APROBACIÓN DE UN PLAN DE PAGOS: Cabe el supuesto de que el deudor no pueda acogerse al régimen general del BEPI porque no haya podido hacer frente a los créditos masa ni a los privilegiados. En este caso, se permitirá el régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos.

El deudor podrá solicitar el BEPI con sujeción a un plan de pagos de la deuda que no quedaría exonerada, siempre y cuando (i) no hubiera rechazado una oferta de empleo cuatro 4 años antes a la declaración del concurso, (ii) no hubiera incumplido su deber de colaborar e informar al juez del concurso y a la administración concursal y (iii) no hubiese obtenido el BEPI dentro de los diez últimos años.

En este caso los beneficios del BEPI se extenderán a los créditos ordinarios y subordinados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

EFECTOS COMUNES: Tanto en el régimen general de obtención del BEPI como en el especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos, los acreedores que vean extinguidos su crédito no podrán iniciar ninguna acción frente al deudor.

En definitiva, la aplicación práctica del BEPI perderá su sentido cuando existan deudas tan comunes como las de Hacienda y Seguridad Social ya que:

– En el régimen general del BEPI, art. 491, el deudor se exonera de su pasivo menos del crédito público.

– En el régimen especial del plan de pagos, art. 497.1, también se exceptúa la exoneración del crédito público.

Cuando con la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 pensábamos que se daría una solución para que el deudor pudiese exonerarse del crédito público, el TRLC vuelve a dar un paso atrás obligando nuevamente al deudor a hacerse cargo de él.

Tras la entrada en vigor del TRLC, cabría esperar que nuestros tribunales volviesen a fallar a favor de la exoneración del crédito público. Máxime cuando aún está pendiente de transposición la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, por la que se obliga a que los Estados velen porque el deudor quede totalmente libre de deudas. Solo en ese momento volverá a cobrar sentido la Segunda Oportunidad.


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