¿Cómo salvar tu negocio dentro del concurso de acreedores?

Comparte

La crisis del COVID-19 ha ocasionado un incremento de las empresas en riesgo de “quiebra”, viéndose obligadas a presentar concurso de acreedores. Estas empresas pueden ser no viables, pero también económicamente viables, que presentan desequilibrios financieros. Esto puede deberse a una inadecuada estructura de capital (mucha deuda y pocos recursos propios) o a un desequilibrio entre el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo (la sociedad debe pagar a sus acreedores a un ritmo que la generación de caja del negocio no es capaz de proporcionar).

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) ofrece alternativas a esas empresas “económicamente viables” en situación de concurso de acreedores, pues el concurso puede tener un gran valor para las compañías que lo presentan, pero resulta fundamental que no se retrase su presentación, ya que esos retrasos no hacen más que disminuir los recursos de la compañía y abocarla a la liquidación. Así pues, dos alternativas que permiten a una compañía salir victoriosa de un procedimiento concursal son: la venta de la unidad productiva y el convenio de acreedores.

La venta de la unidad productiva permite buscar una solución a los desequilibrios financieros sin suspender la actividad y evitando así la depreciación de los activos y los costes de mantenimiento que ello supone. Esta vía de salvaguarda es común en aquellos supuestos en los que es difícil el entendimiento entre el deudor y la mayoría de sus acreedores.

Cabe definir la venta de la unidad productiva como la transmisión de un conjunto organizado de medios, humanos y/o materiales, interrelacionados entre sí y susceptibles de realizar una actividad económica, siempre que dicho conjunto permita preservar el mayor valor que tiene toda la empresa en funcionamiento, aunque esté afectada por una crisis empresarial.

El legislador pretende fomentar estas operaciones y para ello introduce la posibilidad de que la venta de la unidad productiva se pueda llevar a cabo no solo en fase de liquidación o convenio, sino en la preliminar fase común.

Son numerosas las ventajas que presenta la venta de la unidad productiva. En primer lugar, permite maximizar el valor de la masa activa y minimizar el pasivo, ya que: (i) la venta de la unidad como conjunto de elementos necesarios para el desarrollo de una actividad económica aumenta el valor de estos elementos respecto al que alcanzaría cada uno de ellos de ser enajenados por separado; (ii) el activo que se genera con la enajenación será empleado por la concursada para hacer frente a las deudas que componen el pasivo, disminuyendo el mismo; (iii) la continuidad de la actividad por el adquirente permite a la sociedad concursada liberarse del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios ante posibles incumplimientos contractuales que se podrían producir en el caso de que no pudiese continuar con su actividad habitual, (iv) el no suspender la actividad permite evitar los costes de mantenimiento y una mayor depreciación de los activos por el paso del tiempo y la inactividad.

En segundo lugar, la venta de la unidad productiva supone la continuación de la actividad empresarial por parte del adquirente pues, salvo que manifieste expresamente lo contrario, el adquirente se subrogará en los contratos y licencias administrativas de la concursada sin consentimiento de la otra parte contratante. De manera que, no encontrándose el adquirente en una situación de insolvencia, como la que sí se encuentra la empresa concursada, facilitará el cumplimiento de las obligaciones a favor de los acreedores de dichos contratos y no se verán frustradas estas operaciones por la tardanza o negativa de las administraciones públicas.  

En tercer lugar, la venta de la unidad productiva conlleva la conservación de los puestos de trabajo. Esta ventaja está ligada a la anterior, dado que al cederse al adquirente los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial y subrogarse en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte, disminuirán considerablemente los costes en caso de tener que proceder a una reducción o despido por cese de actividad.

Adicionalmente, para los inversores, la venta de la unidad productiva puede ser también una gran oportunidad para aprovechar empresas con nombre, posicionamiento de mercado y valor añadido, adelgazadas de una pesada deuda que las arrastró al concurso de acreedores.

Otra alternativa conservativa es el convenio de acreedores. Este mecanismo es propio en aquellos casos en los que existe entendimiento entre el deudor y sus principales acreedores, en vista de que va dirigido a aquellos deudores en los que el sobreendeudamiento resulta fácilmente superable mediante un acuerdo de quitas y/o esperas alcanzados con una mayoría suficiente de acreedores.

Por tanto, cabe definir el convenio de acreedores como un instrumento alternativo a la liquidación del deudor incurso en un procedimiento de insolvencia y que tiene por objeto la satisfacción de las obligaciones mediante los ingresos obtenidos a partir de la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor.

El legislador otorga al concursado y a los acreedores dos opciones para llevarlo a cabo, mediante propuesta anticipada de convenio o por el denominado convenio ordinario. Con la propuesta anticipada de convenio, que es aquella que el deudor puede presentar con la solicitud voluntaria de concurso, lo que se busca es la mayor agilidad posible en la solución de la situación del concursado, suponiendo además un menor coste, tanto económico como reputacional.  

La LC otorga un amplio margen a la autonomía de la voluntad y en aras a consolidar esta autonomía, se permite la posibilidad de pactar las quitas o esperas que se consideren oportunas, aunque por supuesto con límites. Asimismo, la LC deja la puerta abierta a proposiciones alternativas o adicionales. Por consiguiente, el convenio permite reducir considerablemente el importe de las deudas y lograr un aplazamiento que otorgue al deudor un amplio margen para poder abonarlas, además de ofrecer a los acreedores la posibilidad de elegir entre proposiciones alternativas de quita o espera, como alternativas distintas a la quita y espera.

El convenio se negocia con los acreedores ordinarios, con la peculiaridad de que los acreedores privilegiados que lo voten se verán sometidos también, respecto de su crédito y privilegio. No podrán votar, sin embargo, los acreedores subordinados ni, por supuesto, los “postconcursales”, que son aquellos que quedan fuera del concurso, como créditos, en su caso, contra la masa. Por lo cual, otra gran ventaja es que el convenio tiene como efecto primordial la modificación de las obligaciones, que afectará tanto a aquellos acreedores que han votado a favor del convenio (ya sean ordinarios o privilegiados), como también a los acreedores que no lo han votado y aquellos privados de derecho a voto (los acreedores subordinados).  

Por lo tanto, la venta de la unidad productiva y el convenio de acreedores son un claro reflejo de que dentro del concurso de acreedores existen alternativas para salvar empresas en situación de insolvencia, pero resulta fundamental actuar a tiempo y hacer un adecuado diagnóstico jurídico de la situación que nos permita hacer uso del correcto mecanismo legal a disposición que llevará a la empresa económicamente afectada a superar el escenario de “quiebra”.


Comparte